El Consejo de Ministros concedió este martes el indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament y exlíder de Junts, que se encontraba condenada a cuatro años y medio de cárcel por fraccionar contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. El Ejecutivo ha conmutado esa pena por una de dos años de prisión, lo que impedirá que Borràs deba ingresar en la cárcel al quedar la condena por debajo del umbral que obliga al cumplimiento efectivo para quienes carecen de antecedentes.
Borràs fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por dos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental cometidos mientras dirigía esa institución cultural de la Generalitat, por trocear adjudicaciones para favorecer a un amigo y eludir los controles de contratación pública.
La medida es una de las cinco decisiones de gracia aprobadas en este último Consejo de Ministros antes del parón veraniego, y llega en pleno proceso de aplicación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, ese perdón general ya tiene sus primeros beneficiarios: la exconsellera Meritxell Serret y los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó.
El caso de Borràs es distinto al de la amnistía, ya que su condena por corrupción no está vinculada al procés independentista y por tanto no entra dentro del ámbito de la ley de amnistía, lo que ha obligado al Gobierno a recurrir a la figura del indulto. La expresidenta del Parlament, suspendida de su cargo en julio de 2022 tras sentarse en el banquillo, ya se había reincorporado a su plaza de profesora en la Universitat de Barcelona. El indulto reabre ahora el debate sobre su futuro político dentro de Junts, partido que llegó a presidir entre 2022 y 2024.
