En un momento en el que se esperaría una respuesta política conjunta frente a una amenaza internacional de consecuencias económicas graves, el Gobierno ha optado por cerrar filas en solitario. El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto-ley con medidas para amortiguar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, dejando fuera todas las propuestas que había planteado el Partido Popular. Una decisión que no solo evidencia la fragilidad del diálogo institucional, sino que cuestiona la voluntad real de alcanzar acuerdos de Estado.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantuvo una ronda de contactos con el vicesecretario popular Juan Bravo, pero el resultado fue estéril: ni una sola sugerencia del PP fue admitida. Entre las medidas descartadas se encontraban la creación de un fondo de ayudas directas a las empresas afectadas, la rebaja de cotizaciones sociales o una moratoria sobre las centrales nucleares. Ideas polémicas, sí, pero no carentes de contenido técnico y, en todo caso, dignas de discusión en un contexto de crisis. ¿Es razonable que ninguna haya merecido siquiera análisis?
Desde el Partido Popular apuntan a una negativa ideológica más que técnica. “El problema no son las propuestas, es el remitente”, señalan desde el entorno de Feijóo, que interpreta el cierre del diálogo como una estrategia para no legitimar políticamente al adversario. En otras palabras: se prioriza la imagen de fortaleza del Gobierno sobre la búsqueda de soluciones conjuntas ante una posible caída del empleo.
Y es que el propio decreto del Gobierno admite lo que ya anticipan los sectores afectados: los aranceles podrían provocar un “impacto significativo” sobre la producción y el empleo. Si tan grave es la amenaza, ¿por qué no se ha hecho un esfuerzo serio por construir un consenso?
La imagen proyectada, al final, es la de un Ejecutivo más preocupado por gestionar la narrativa que la crisis. La voluntad de ofrecer una escenificación de unidad quedó reducida a un gesto simbólico: el envío del borrador del decreto a la oposición. Pero más allá del envoltorio, el contenido se mantiene blindado, sin margen de maniobra para el diálogo.
Resulta llamativo que, tras haber trasladado a los sectores económicos una supuesta predisposición al “diálogo”, ese mismo Gobierno decida ignorar activamente la vía de la negociación parlamentaria. La Moncloa parece confiar en que la aprobación del texto por la mayoría progresista servirá para cerrar el capítulo sin necesidad de abrir un verdadero proceso de concertación.
En otras democracias, una crisis comercial de este calibre activaría pactos transversales. En España, sin embargo, ni siquiera una amenaza directa al empleo logra derribar los muros de la política de bloques. El precio, como casi siempre, lo pagarán quienes están fuera del Parlamento: empresas que perderán competitividad, trabajadores en riesgo de desempleo, y una ciudadanía cada vez más escéptica ante la utilidad real de su clase política.
