El Gobierno de España ha aprobado una transferencia de crédito de 2.084 millones de euros al Ministerio de Defensa, pero esta inyección económica no responde a nuevas estrategias militares ni al compromiso internacional con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa. En cambio, se trata de una maniobra contable para saldar deudas antiguas, disimulada bajo un lenguaje técnico que evita abordar el fondo del problema: la falta de una política clara y coherente en materia de defensa.
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el desembolso responde a obligaciones contractuales adquiridas en años anteriores, algunas de ellas dentro de los 56 programas de armamento actualmente en curso, incluyendo 24 considerados Programas Especiales de Modernización. No obstante, la narrativa oficial encubre que, en realidad, se está manteniendo un modelo de gestión basado en compromisos heredados y decisiones tomadas sin debate público ni actualización presupuestaria adecuada, ya que seguimos funcionando con unas cuentas prorrogadas.
El gasto aprobado se destinará a aspectos como mantenimiento, refuerzo logístico e introducción de tecnologías como la ciberseguridad o la inteligencia artificial. Sin embargo, el hecho de que esta millonaria partida no suponga un paso hacia el objetivo del 2% comprometido con la OTAN refleja una paradoja: se gasta mucho, pero sin avanzar hacia donde se nos exige desde fuera.
El presidente Pedro Sánchez se enfrenta ahora al reto de justificar esta transferencia en la próxima cumbre de la OTAN en junio, donde se espera que los países miembros presenten avances reales. Mientras tanto, en el ámbito interno, esta decisión ha generado fricciones con Sumar, el socio menor de coalición, que mostró reservas hacia el gasto en defensa, aunque posteriormente matizó sus críticas calificándolas de «discrepancias sanas».
El Partido Popular ha anunciado que exigirá explicaciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la próxima sesión de control parlamentario. Lo que está en juego no es solo una cuestión presupuestaria, sino también la transparencia con la que se gestionan los recursos públicos destinados a uno de los sectores más sensibles del Estado.
En lugar de avanzar en una reforma integral del modelo de defensa nacional, el Gobierno ha optado por seguir financiando un sistema militar diseñado en el pasado y cuya utilidad estratégica actual ni se debate ni se pone en duda públicamente. ¿Cuánto más se podrá sostener esta política de parches contables sin asumir un debate profundo sobre qué tipo de defensa necesita realmente España?
