El Gobierno ha declarado secretos o reservados los documentos relacionados con la regularización extraordinaria de inmigrantes, según se desprende de una respuesta parlamentaria remitida al Partido Popular. La decisión impide el acceso público a informes técnicos, evaluaciones internas y comunicaciones oficiales durante al menos 35 años, el plazo que establece la Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales para este tipo de documentación.
En un mensaje en la red social X, la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, una de las firmantes de la solicitud de informes, considera «acojonante» que el Gobierno oculte las cifras de la regularización y los antecedentes penales y policiales hasta al menos 35 años, que es el plazo de documentos clasificados como secretos.
El PP había solicitado acceso a informes técnicos, evaluaciones internas, análisis jurídicos sobre la compatibilidad del decreto con la legislación vigente, así como comunicaciones entre ministerios implicados y advertencias procedentes de instituciones europeas sobre el impacto en el espacio Schengen. La respuesta del Ejecutivo, fechada el 30 de abril —quince días después del inicio del proceso extraordinario—, se acoge a varios acuerdos del Consejo de Ministros y la normativa sobre secretos oficiales para impedir la divulgación.
Las solicitudes afectaban a varias administraciones públicas: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de la Policía, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras.
El PP acusa al Gobierno de haber impulsado el Real Decreto sin recabar previamente informes técnicos. Los populares denuncian que, según miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ni sus unidades dependientes —en particular la Unidad Central de Redes de Inmigración ilegal y Falsedades Documentales y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras— han sido consultadas durante la elaboración de una medida de enorme impacto en la seguridad y el control migratorio.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo expone que ha tenido conocimiento de la existencia de informes internos de carácter reservado que habrían advertido de riesgos jurídicos y operativos, especialmente en relación con el control de antecedentes penales, el uso de declaraciones responsables y posible contradicción del Real Decreto con el artículo 31.5 de la Ley Orgánica de Extranjería, sin que conste su incorporación efectiva al proceso normativo.
Por ello, el PP reclama al Gobierno la copia íntegra de los informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF o el CENIF relativos a la regularización extraordinaria de inmigrantes. También la copia de los informes jurídicos o técnicos que analicen la compatibilidad del real decreto de regularización con el artículo 31.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
La formación solicita igualmente la relación de advertencias, observaciones o informes recibidos de instituciones europeas, agencias de la Unión Europea o autoridades de otros Estados miembros en relación con los riesgos del proceso de regularización para el espacio Schengen.
En su respuesta, el Ejecutivo asegura que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no tiene constancia de la existencia de estos informes. Sobre las comunicaciones entre ministerios, el Gobierno simplemente informa de que el decreto se encuentra todavía en fase de tramitación.
El proceso de regularización extraordinaria, que se inició el 16 de abril de 2026 y finalizará el 30 de junio, está dirigido a personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026. Los solicitantes deben acreditar una permanencia ininterrumpida de cinco meses en España, carecer de antecedentes penales o policiales, y no tener prohibida la entrada al territorio español.
La clasificación como secretos de esta documentación impide conocer detalles fundamentales del proceso, como el número exacto de beneficiarios previstos, los informes de impacto sobre la seguridad nacional, las evaluaciones técnicas de las unidades especializadas en extranjería, o las posibles advertencias de organismos europeos sobre el cumplimiento de las normas del espacio Schengen.
