El Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos ley de vivienda pactados por el PSOE y Sumar, que amplían la protección frente a los desahucios de familias vulnerables hasta 2030, prorrogan los contratos de alquiler y vetan la compra especulativa a los fondos buitre. El acuerdo se cerró antes de la reunión, lo que evitó el plante con el que Sumar había amenazado durante los días previos.
El primer decreto concentra el grueso de las medidas, bajo el nombre extraoficial de «decreto Maricarmen», en referencia a la anciana de 87 años desahuciada en Madrid cuyo caso reactivó la negociación. Incluye la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, la protección frente a los lanzamientos hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, y la prohibición a los fondos buitre de comprar vivienda hasta 2028.
El segundo decreto recoge la renovación automática de los contratos de alquiler, con su conversión en indefinidos salvo que el propietario necesite la vivienda para sí o para sus familiares. Es una exigencia central del Sindicato de Inquilinas que Sumar hizo suya, y que el PSOE prefirió desgajar en un texto aparte, lo que ha alimentado las suspicacias sobre su viabilidad parlamentaria.
La división en dos normas fue el punto más delicado de la negociación. Fuentes de Sumar negaron que el decreto de los alquileres indefinidos se haya diseñado para que Junts lo tumbe a cambio de convalidar el otro, aunque admitieron que «lo ideal es que todo hubiera ido en un solo decreto, pero el PSOE no lo ha permitido». La formación se mostró, con todo, satisfecha, al recuperar la prórroga de dos años que decayó en primavera y que ahora figura en el texto principal.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió el paquete al término del Consejo. El Gobierno calcula que las medidas darán «alivio a más de cinco millones de personas» y cifra la protección ampliada frente a los desahucios hasta finales de 2028 en el primer bloque, junto al resto de garantías para los inquilinos vulnerables.
La aprobación en el Consejo de Ministros es, sin embargo, solo el primer paso. Los dos decretos deberán superar una votación separada en el Congreso, para la que el Gobierno ha solicitado un pleno extraordinario esta semana, con la vista puesta en el viernes. La convalidación depende de los votos de Junts y Podemos, ninguno de los cuales ha comprometido su apoyo, en un examen que la norma de marzo ya no logró superar cuando fue rechazada por PP, Vox y Junts.
