El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, en segunda vuelta, al proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa busca elevar al máximo rango jurídico la obligación de los poderes públicos de garantizar esta prestación en la sanidad pública, asegurando que el acceso sea efectivo y homogéneo en todo el territorio nacional. Con este paso, el texto se remite a las Cortes Generales para iniciar una tramitación parlamentaria que se prevé estéril ante la falta de consenso con la oposición.
La propuesta del Ejecutivo, avalada por el Consejo de Estado, consiste en añadir un nuevo apartado al artículo dedicado a la protección de la salud. El nuevo redactado establece que los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres al aborto en condiciones de igualdad real y efectiva, con todas las prestaciones y servicios necesarios. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha justificado la urgencia de esta medida señalando que, aunque la libertad de decidir está reconocida por ley, su ejercicio real en la red pública es muy dispar, con comunidades autónomas donde las intervenciones en centros públicos son prácticamente inexistentes.
A pesar de la relevancia institucional de la medida, el proyecto nace con escasas posibilidades de prosperar. Al tratarse de una reforma constitucional por la vía ordinaria, el Gobierno necesita el respaldo de una mayoría reforzada de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, una cifra inalcanzable sin el apoyo del Partido Popular. Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ya se ha reiterado la negativa a apoyar este cambio, al considerar que el derecho ya está suficientemente garantizado por la legislación vigente y ratificado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha achacado esta reforma en la necesidad de proteger los derechos de las mujeres frente a posibles retrocesos políticos. Sin embargo, la realidad de los números parlamentarios condena la iniciativa a ser un gesto simbólico en un contexto de fuerte polarización. De no mediar un giro inesperado en la postura de los populares, el intento de España por convertirse en el segundo país del mundo, tras Francia, en constitucionalizar el aborto quedará bloqueado en las cámaras.
El Ejecutivo sitúa la garantía asistencial en el centro de la reforma constitucional pese al bloqueo parlamentario previsible
