El Gobierno tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, actual jefe de la UCO —la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en investigaciones por corrupción, crimen organizado y grandes delitos— lo que conllevará automáticamente su relevo del mando operativo de la unidad.
Según fuentes del Ministerio del Interior, Yuste completó el pasado año el curso necesario para acceder al generalato, siendo el primero de su promoción, lo que le situaba en posición preferente para el ascenso. En condiciones normales, su promoción podría haberse demorado hasta julio de 2026; sin embargo, el Ejecutivo ha decidido acelerar el proceso.
El relevo se produce cuando la UCO se encuentra inmersa en investigaciones de gran calado —entre ellas el Caso Koldo, la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, la pesquisa contra el exfiscal general del Estado y otras investigaciones de corrupción y contrataciones públicas.
Desde el Ministerio se defienden afirmando que se trata de “un trámite ordinario” derivado del reglamento de ascensos del cuerpo y que la salida de Yuste no afectará al funcionamiento de la UCO: en tanto se designe un nuevo responsable, el mando recae en el oficial más antiguo de la unidad, de modo que no habrá vacío de mando.
Sin embargo, la rapidez del ascenso y su coincidencia con el desarrollo de varios procesos judiciales sensibles han disparado las sospechas en algunos sectores políticos y judiciales. Denuncian que el relevo podría suponer un intento indirecto de “descabezar” la unidad para condicionar el avance de las causas.
Por su parte, fuentes oficiales de la Guardia Civil mantienen que la promoción no tiene carácter excepcional, sino que responde a méritos profesionales de Yuste y a la disponibilidad de vacantes en el escalafón de generales de brigada.
El nuevo estatus de Rafael Yuste implica su incorporación a la Jefatura de Servicios Técnicos del cuerpo —cargo de rango superior— y obligará a un nombramiento urgente al frente de la UCO. Mientras, la unidad seguirá enredada en investigaciones que pueden determinar el futuro político de altos cargos, bajo escrutinio público e institucional.
