Jesús Manuel Gómez García, exsubsecretario del Ministerio de Transportes, ha reconocido ante el Tribunal Supremo una cronología que compromete la transparencia en la adjudicación de los contratos de mascarillas durante el inicio de la pandemia. Según su declaración en calidad de testigo, Koldo García, entonces asesor de confianza de José Luis Ábalos, le presentó la oferta de la empresa Soluciones de Gestión el 20 de marzo de 2020, horas antes de que se publicara la orden ministerial que activaba legalmente el proceso de compra.
Esta admisión sitúa la propuesta de la empresa clave de la trama en manos de la cúpula del Ministerio antes incluso de que Puertos del Estado recibiera la instrucción oficial para adquirir ocho millones de mascarillas. Gómez García ha explicado que Koldo García apareció en su despacho con los detalles de la oferta, actuando como el principal interlocutor para una operación que alcanzaría los 20 millones de euros. A pesar de la antelación, el exsubsecretario ha intentado desvincular este hecho de cualquier irregularidad, enmarcando la situación en el caos logístico y la urgencia extrema de aquellos días.
La declaración arroja luz sobre el peso que el asesor de Ábalos ejercía en la estructura de Transportes, saltándose los cauces administrativos habituales para posicionar a Soluciones de Gestión. El exalto cargo ha confirmado que, tras recibir la propuesta por parte de Koldo, él mismo la remitió a Puertos del Estado para que se iniciaran los trámites. Los investigadores del caso consideran este testimonio fundamental para apuntalar la tesis de que la adjudicación estuvo dirigida desde un primer momento hacia la mercantil investigada, anulando cualquier posibilidad de concurrencia real.
Durante el interrogatorio, Gómez García también ha sido cuestionado sobre el papel del propio ministro Ábalos en estas gestiones. Si bien ha mantenido que las decisiones técnicas correspondían a los entes dependientes, la revelación de que la oferta ya circulaba por los despachos de la subsecretaría antes de la firma de la orden oficial refuerza las sospechas de favoritismo. El Tribunal Supremo analiza ahora si este acceso privilegiado a la información constituye un indicio sólido de prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de los contratos de emergencia.
