Según publica hoy el diario El Mundo, una serie de mensajes de WhatsApp en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que el entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, informó con antelación al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la sentencia absolutoria del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en relación con el procés. La revelación, de enorme calado institucional, apunta a una grave quiebra del principio de separación de poderes.
Según documentación obtenida en exclusiva, Navarro comunicó a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y hombre de confianza de Sánchez, que la sentencia se haría pública en la segunda quincena de septiembre de 2020 y que sería absolutoria. El 15 de agosto de ese año, Navarro escribió:
“¡¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público! Fuerte abrazo y ¡descansa!”.
Ábalos no tardó en reenviar el mensaje al presidente del Gobierno, quien respondió con un escueto “ok”. Posteriormente, el 30 de septiembre, Navarro volvió a advertir que “la prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero” y recomendó que el Ejecutivo se preparara para su inminente publicación.
En declaraciones a este medio, José Ramón Navarro no negó la autenticidad de los mensajes: “No lo puedo negar”, admitió, aunque rehusó dar más detalles argumentando el tiempo transcurrido.
Un fallo con implicaciones políticas
La sentencia, que exoneró a Trapero de los delitos de sedición y desobediencia, fue clave en la estrategia política del Ejecutivo socialista. En aquellos días, el Gobierno negociaba con ERC y el PDeCAT los Presupuestos Generales del Estado. La absolución del jefe policial catalán, una figura sensible para el independentismo, allanó el terreno para cerrar esos pactos.
Aunque la Fiscalía proponía al menos una condena por desobediencia —que habría supuesto la expulsión de Trapero del cuerpo de Mossos d’Esquadra—, el tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para ninguna de las acusaciones.
Una relación controvertida con los investigados
No es la primera vez que los mensajes de Navarro lo colocan en el centro de una controversia. En el marco de la investigación de la Operación Kitchen, también aparecieron comunicaciones entre el magistrado y Francisco Martínez, exnúmero dos del Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy. En esos intercambios, Martínez solicitaba orientación sobre el proceso judicial en curso, incluso pidiendo resoluciones judiciales para preparar su defensa.
Navarro alegó en su momento que se limitó a tranquilizar a una persona conocida preocupada por su situación judicial. A pesar de ello, la Fiscalía Anticorrupción acabaría solicitando 15 años de prisión para Martínez por su implicación en el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Impacto en la judicatura
Las filtraciones se conocen en un momento especialmente tenso entre el poder judicial y el Ejecutivo. La reciente huelga de jueces y las acusaciones de injerencias políticas en causas judiciales elevan aún más la preocupación por la salud institucional del país.
José Ramón Navarro presidió la Audiencia Nacional desde 2014 hasta marzo de 2025. Su sucesor es el magistrado Juan Manuel Fernández Martínez, vinculado al sector conservador del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El escándalo deja nuevas dudas sobre la independencia judicial en España y siembra inquietud sobre la utilización partidista de información reservada procedente de los tribunales.
