El Gobierno de España podría enfrentarse a una indemnización millonaria —6,6 millones de euros— por romper de forma unilateral un contrato con la empresa armamentística israelí IMI Systems. Pese a que la Moncloa justifica la cancelación en nombre del “interés general”, la realidad parece mucho más ligada a la presión interna dentro de la coalición y al rechazo social que genera el vínculo con la industria militar israelí en plena guerra en Gaza.
El contrato, que ya figuraba en el Boletín Oficial del Estado, adjudicaba a IMI Systems el suministro de munición 9×19 mm PB NATO para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Interior, que lideró la compra, defendió su continuidad apelando al avanzado estado de tramitación y al riesgo legal de pagar sin recibir el producto. Sin embargo, tras el giro de Moncloa, se abre la puerta a ese escenario: desembolsar millones sin recibir ni una bala.
El Ministerio de Interior, que inicialmente quiso frenar el contrato, terminó defendiéndolo con argumentos jurídicos. Ahora, con la instrucción directa desde Presidencia para detener la operación, se aferra a la promesa de que será la Junta de Inversión de Material de Doble Uso, dependiente de Economía, la que niegue el permiso de importación. Solo entonces, Interior “rescindirá el contrato”. Todo cuidadosamente calculado para que nadie asuma públicamente la decisión final, ni su posible coste.
Pese al escándalo, esta no es la única operación que vincula al Gobierno con proveedores de armamento israelí. En plena controversia, se ha conocido otro contrato en vigor con la misma empresa, por valor de 319.000 euros, para placas de chalecos antibalas destinados a la Guardia Civil. La respuesta oficial: “es material defensivo”.
España asegura no vender ni comprar armamento a Israel desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás perpetró su ataque. No obstante, entre excusas técnicas y operaciones trianguladas, las cifras cuentan otra historia. Solo en 2023 y el primer semestre de 2024, se cerraron ventas por más de 49 millones de euros a Israel, según datos del propio Ejecutivo. La exportación más importante: vehículos blindados por 43,2 millones cuyo destino oficial es Filipinas, pero que se ensamblan en territorio israelí.
Mientras tanto, el material español viaja “temporalmente” a Israel para su reparación, como reconoció la ministra de Defensa, Margarita Robles. Nada ilegal, pero sí profundamente contradictorio con la imagen que el Gobierno intenta proyectar.
El caso evidencia hasta qué punto la política exterior y la coherencia ética se subyugan ante la estrategia comunicativa. El Ejecutivo intenta navegar entre las exigencias de su electorado, las presiones internas de la coalición y los compromisos internacionales, pero la opacidad, las contradicciones y las justificaciones forzadas ponen en entredicho su credibilidad.
La factura final —política, económica y reputacional— aún está por calcular.
