El Real Decreto-ley 29/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de octubre y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor este jueves 8 de octubre con la mayor parte de las medidas del paquete de vivienda del Gobierno. La norma recupera buena parte de las disposiciones que el Congreso tumbó la semana anterior y deberá ser convalidada en el plazo de un mes por la Diputación Permanente, el órgano que asume las funciones de la Cámara fuera del periodo de sesiones.
Las restricciones a los fondos buitre se amplían ahora a los grandes tenedores, es decir, propietarios de más de diez viviendas o de cinco en zonas tensionadas. A esos propietarios se les extienden las limitaciones para adquirir inmuebles que el decreto anterior fijaba solo para los fondos, y la medida se prorroga dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2030.
La protección frente a los desahucios de hogares vulnerables se mantiene hasta 2030. El decreto regula además el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones, cuyo precio pasa a estar limitado: la suma de las rentas por habitaciones no podrá superar el importe que correspondería al arrendamiento de la vivienda completa. Esa regulación no se aplica en las comunidades con legislación propia, como Cataluña.
El bloque fiscal incluye varias novedades. El alquiler turístico tributará con un IVA del 10% a partir del 1 de diciembre, y los inquilinos con ingresos inferiores a 33.007,20 euros anuales podrán deducirse el 10% de lo pagado por el alquiler de su vivienda habitual en el IRPF, aunque ese incentivo no desplegará efectos hasta el 1 de enero de 2027. El decreto eleva también del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios de las SOCIMI procedentes del alquiler de viviendas.
El segundo decreto, centrado en reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento, seguirá un calendario distinto y entrará en vigor el 15 de noviembre, siempre que antes lo convalide la Diputación Permanente. Ese texto contempla la prórroga extraordinaria de hasta dos años para los inquilinos con contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028.
El respaldo parlamentario de la norma avanza. El PNV ha anunciado que apoyará la convalidación del primer decreto, un paso necesario para que el conjunto de medidas se mantenga en vigor una vez superada la votación en la Diputación Permanente.
