El Tribunal Constitucional avalará perdonar el delito de malversación del proceso independentista al considerar que el Tribunal Supremo se apartó de la finalidad de la ley de amnistía cuando rechazó aplicársela a dirigentes como el secretario general de Junts, Jordi Turull, o el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Así lo recoge la nueva ponencia que el Pleno del tribunal debatirá el próximo 6 de octubre.
La ponencia responde al recurso de amparo de Turull y concluye que la interpretación del Supremo lesionó tres derechos amparados por la Constitución: la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la representación y la participación política, y el principio de legalidad penal. El texto sostiene que el alto tribunal «se apartó de la finalidad de la norma» aprobada por el Congreso en 2024 para cerrar la vía penal del procés.
El núcleo de la discrepancia está en el concepto de «beneficio personal de carácter patrimonial», el único supuesto que la ley excluye expresamente de la amnistía. El Supremo negó la medida de gracia al apreciar que los condenados obtuvieron un ahorro al financiar con dinero público bienes y servicios para el referéndum. La ponencia considera que la Sala Segunda «se excedió» en esa interpretación y rechaza la tesis del juez Pablo Llarena.
El texto matiza, no obstante, que la actuación del Supremo no fue arbitraria. La ponencia señala que la interpretación de la Sala Segunda «no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente», sino que se ajustaba a la doctrina vigente sobre el delito de malversación. El debate, precisa, no revisa los hechos probados ni la calificación penal, sino la lectura del espíritu de la ley.
El origen del giro está en la falta de respaldo a la ponencia inicial. El magistrado José María Macías, encargado de redactar el texto, había defendido primero una postura contraria a amnistiar la malversación, pero al comprobar que no contaba con el apoyo de la mayoría del tribunal asumió redactar una nueva ponencia acorde con ese sentir mayoritario, que es la que ahora se debatirá.
La resolución sobre el recurso de Turull marcará el criterio para el resto de amparos pendientes, entre ellos los de Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. Una vez que el Pleno apruebe la ponencia, corresponderá al Supremo dictar las resoluciones para aplicar la amnistía. Fuentes del alto tribunal ya han indicado que Llarena agilizará su decisión sobre Puigdemont, que sigue procesado, en cuanto conozca la argumentación definitiva del Constitucional, un paso que acercaría el regreso del expresidente a Cataluña sin riesgo de detención.
