El Congreso de los Diputados derogó este miércoles el real decreto ley con el que el Gobierno regulaba la actividad de los grupos de interés, la conocida como «ley de lobbies», cuya convalidación estaba vinculada al desembolso de hasta 1.500 millones de euros de fondos europeos. La votación se saldó con 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones, tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos.
El texto contó con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC y Bildu, insuficiente para superar el trámite. Sumar tenía previsto votar en contra, pero rectificó a última hora y acabó respaldando al PSOE, aunque su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había votado «no» por vía telemática antes del giro.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, reconoció horas antes de la votación que la caída de la norma tendrá «un coste» en los fondos europeos, aunque sostuvo que será «mucho menor» que el de no haber aprobado ninguna regulación antes del 31 de agosto. El Gobierno renegoció con Bruselas los objetivos del último pago y recurrió al decreto para acreditar el cumplimiento dentro del plazo, correspondiente al hito 432 del Plan de Recuperación, sin precisar cuál será finalmente la factura.
El grueso de las críticas se centró en que el decreto consideraba grupos de interés a los sindicatos y las organizaciones empresariales. López avanzó que, de haberse convalidado, el Gobierno habría presentado antes de noviembre una enmienda para dejar claro que los integrantes del diálogo social quedaban excluidos de la regulación, y defendió que el texto recogía el 90% de las propuestas de los grupos.
La portavoz del PP, Edurne Uriarte, subrayó que «votar no al real decreto no es votar contra la regulación de los lobbies», cuestionó la urgencia alegada por el Ejecutivo y propuso retomar la tramitación del proyecto de ley remitido en 2025, cuya tramitación encalló por falta de acuerdo. Vox, por boca de Emilio del Valle, evitó entrar en el contenido y acusó al Gobierno de «faltar al respeto al Congreso» al usar el decreto ley «como atajo frente a un Congreso que no da los votos».
El portavoz de Junts, Josep Maria Cervera, censuró que el texto estuviera concebido «a la medida» de las grandes corporaciones del Ibex 35 y de las grandes consultoras, en detrimento de pymes, cooperativas y del tercer sector, y reprochó al Gobierno emplear los fondos europeos como «mecanismo de presión» para imponer una norma cerrada. El socialista José Luis Aceves respondió acusando a quienes rechazaron el decreto de querer que sus relaciones con los lobbies «sigan produciéndose en la oscuridad».
El decreto estaba en vigor desde su aprobación a finales de agosto, pero al no recibir el refrendo del Congreso queda automáticamente derogado. Correspondía ahora a la Comisión Europea determinar qué consecuencias tiene que España aprobara la regulación dentro del plazo comprometido y que la Cámara la haya dejado sin efecto apenas unas semanas después, en un revés que el propio Ejecutivo daba por hecho que tendrá un impacto económico, aunque su alcance definitivo sigue sin concretarse.
