El pleno del Congreso aprobó este jueves, con los votos del PP, Vox y Junts, una moción en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades políticas derivadas de los casos de corrupción que afectan a su entorno. La votación se celebró un día después de que Sánchez compareciera en la Cámara para proclamar su intención de agotar la legislatura.
La cuestión de confianza salió adelante con 178 votos a favor de PP, Vox, Junts, CC y UPN. El punto que exigía la dimisión fue aprobado con 177 votos, al abstenerse Coalición Canaria. El texto de la cuestión de confianza fue redactado en los mismos términos que la enmienda de Junts vetada la semana anterior por la Mesa de la Cámara que preside Francina Armengol. La bancada popular celebró los resultados aporreando los escaños entre gritos de «¡dimisión, dimisión!».
Feijóo declaró a la salida del pleno que «no hay precedentes en la democracia española ni europea» de una votación en la que el Congreso inste al presidente a dimitir «y el presidente se mantenga en contra de la decisión del Congreso de los Diputados».
El movimiento de Junts tiene una lectura propia. Los de Puigdemont instaron el miércoles a Sánchez a echarse a un lado y a que el PSOE proponga un nuevo candidato a la presidencia para agotar la legislatura con un Gobierno de izquierdas, descartando así facilitar un Ejecutivo del PP con Vox. El PNV, en cambio, votó en contra, en un giro respecto a sus críticas previas al Gobierno, que los analistas relacionan con las informaciones que implican a dirigentes jeltzales en la trama de corrupción del caso Leire Díez.
La moción no tiene efecto jurídico vinculante: Sánchez no está obligado a plantear la cuestión de confianza ni a dimitir. El PP reconoce que el escenario es un teatro político, pero sostiene que sirve para evidenciar el aislamiento del presidente. Feijóo también descartó presentar una moción de censura si no cuenta con apoyos suficientes, y tanto Junts como otros socios la rechazan de plano. La próxima fecha que podría agitar el tablero es el 16 de julio, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia sobre la ley de amnistía.
