El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental cuando el territorio se encontraba bajo administración española, así como a sus descendientes. La iniciativa salió adelante con 168 votos a favor de los grupos del Gobierno y sus aliados habituales, 31 en contra y 145 abstenciones, con el rechazo en solitario de Vox y la abstención del PP, Junts y UPN. El texto continuará ahora su tramitación en el Senado.
La norma reconoce que concurren «circunstancias excepcionales» para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no residan legalmente en España. Para acreditar esa condición podrán aportar, entre otros documentos, un DNI español aunque esté caducado, el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas, el certificado de nacimiento, el libro de familia, certificados de escolarización o el permiso de conducir español.
La iniciativa fue impulsada por Sumar y rechazada en un primer momento por el PSOE, que después la pactó con su socio de coalición. Los socialistas se arrogaron finalmente el mérito de la norma: el diputado Artemi Rallo subrayó que no habría sido posible «si no contara con el impulso y el liderazgo» del Gobierno progresista. PSOE y Sumar defendieron la ley como una «restitución» de un derecho y una «reparación histórica» con el pueblo saharaui.
El PP justificó su abstención en un desacuerdo sobre la vía elegida. Los populares recalcaron que están de acuerdo con que los saharauis accedan a la nacionalidad, pero defendieron hacerlo a través de la residencia y no mediante la carta de naturaleza. Vox, por su parte, votó en contra de lo que calificó de «regalar» la nacionalidad española, y cuestionó las garantías y la política de concesión de nacionalidades del Gobierno, en la línea del recurso que presentó contra la «ley de nietos».
El debate reavivó el malestar de los socios del Gobierno con la política del Ejecutivo hacia Marruecos. ERC acusó a los socialistas de «traicionar» a los saharauis, mientras el PNV y Bildu exigieron a Sánchez dar marcha atrás en la decisión de reconocer el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Varios grupos minoritarios respaldaron la ley, aunque la consideraron insuficiente, e insistieron en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Decenas de saharauis siguieron la votación desde la tribuna del hemiciclo y desde la sala Ernest Lluch del Congreso, expectantes ante una norma que, tras su paso por el Senado, podría abrir la puerta a la nacionalidad española a miles de personas nacidas bajo administración española en el antiguo Sáhara español.
