El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, la mayor revisión del sistema desde su creación hace dos décadas, aunque el texto salió adelante sin ocho de las enmiendas que PP y Junts habían introducido en el Senado y que el Gobierno vetó por implicar un aumento del gasto. El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, ha presentado la norma como una «refundación del modelo de cuidados en España».
La reforma amplía los servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y con discapacidad, y modifica los procedimientos para agilizar el reconocimiento de ambas situaciones, con el objetivo de reducir las listas de espera. El Ejecutivo la equipara en importancia a la ley original de 2006, que el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero calificó de «hito histórico».
El Gobierno recurrió a su capacidad de veto para tumbar las enmiendas que suponían un incremento presupuestario no previsto, que cifró en 82 millones de euros. Entre las propuestas rechazadas figuraban aplicar un IVA reducido del 4% a la adaptación de viviendas o vehículos, eximir del copago a los dependientes con grado III+, y extender al ámbito tributario la equiparación de las personas dependientes con las que tienen discapacidad.
La enmienda que más críticas concentró fue la relativa a la prestación CUME, destinada a los progenitores que reducen su jornada laboral para cuidar de hijos con cáncer u otra enfermedad grave. El Senado había aprobado eliminar o ampliar el límite de edad de 26 años para recibir esa ayuda, una modificación que el veto del Gobierno dejó sin efecto. El diputado de ERC Jordi Salvador i Duch lamentó especialmente ese bloqueo y defendió que la CUME «no es una ayuda», sino «un salario diferido».
AdELA, la asociación española de afectados por la esclerosis lateral amiotrófica, lamentó que la reforma no incorpore la reducción del IVA para adaptar la vivienda ni el fin del copago, y criticó la marcha atrás en la ampliación de prestaciones para las familias con hijos dependientes que reducen su jornada para cuidarlos, un recorte que, recordó, afecta también a los niños que padecen ELA.
La diputada del PNV Nerea Rentería calificó de «grave» el bloqueo por «no respetar el trabajo parlamentario», mientras Junts reprochó al PSOE haberles tachado de «oportunistas» por presentar las enmiendas. Vox votó en contra de la norma y el PP, que había apoyado el texto en el Senado gracias a su mayoría, se había abstenido en la primera votación del Congreso.
La reforma se publicará en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. Podemos advirtió, no obstante, de que un derecho «no es real si la financiación no lo acompaña», y las asociaciones del sector reclamaron que la aplicación efectiva de la ley venga acompañada de una reducción de las listas de espera, una mejora de las condiciones de los profesionales y una solución al problema de los copagos, las grandes asignaturas que la nueva norma deja pendientes.
