El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a 25 nuevas personas en el caso Leire Díez, entre ellas la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Belén Gualda González. La decisión llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que existen indicios suficientes para dirigir formalmente el procedimiento contra todos ellos y tomarles declaración como investigados. Es la primera vez que la causa afecta a una persona que ocupa en este momento la presidencia de una empresa pública del Estado.
Entre los nuevos imputados figuran, además de Gualda, otros altos directivos y exresponsables de organismos como la propia SEPI, Enusa y Mercasa, además de antiguos cargos de Tubos Reunidos y varios empresarios del sector privado. Los delitos que se les atribuyen son tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa.
La imputación de Gualda está directamente relacionada con el rescate público de 112,8 millones de euros concedido a Tubos Reunidos en julio de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La Fiscalía sostiene que la documentación intervenida apunta, de forma indiciaria, a la existencia de un compromiso atribuido a Gualda con el entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, para que la operación fuera elevada al Consejo Gestor del fondo, y que el expediente sufrió retrasos por dudas expresadas desde el Ministerio de Economía.
El núcleo de la investigación sigue siendo el grupo conocido como Hirurok, término vasco que significa «nosotros tres», nombre de un chat de WhatsApp en el que participaban Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán. La Fiscalía describe un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado que habría operado de forma continuada en distintos ámbitos del sector público y en beneficio de diversas empresas privadas.
El volumen total de contratos, ayudas y operaciones relacionadas con la trama ronda los 132 millones de euros, y las comisiones detectadas superan los 700.000 euros en algunas operaciones concretas. La investigación se extiende también a operaciones relacionadas con Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial Principado de Asturias y el grupo Forestalia.
Antes de que los nuevos imputados puedan declarar ante el juez, deberán personarse en la causa con abogado y procurador quienes todavía no lo hayan hecho. Con esta resolución, el caso que empezó con la detención de Leire Díez a finales de 2025 alcanza ya al máximo nivel de dirección de uno de los principales instrumentos económicos del Estado, justo cuando el Gobierno de Sánchez atraviesa su peor momento judicial de la legislatura.
