El transporte sanitario en Canarias atraviesa un momento de fuerte tensión laboral como consecuencia del bloqueo en la negociación de su convenio colectivo. El sector, que incluye tanto los servicios de ambulancias de urgencia como los traslados no urgentes, es considerado esencial dentro del sistema público de salud.
Sin embargo, las organizaciones sindicales mayoritarias han advertido de que la falta de avances en la negociación está llevando la situación a un punto crítico que podría derivar en movilizaciones e incluso en una huelga.
Un convenio caducado y sin avances reales
El IV Convenio Colectivo del transporte sanitario en Canarias se encuentra caducado y pendiente de renovación desde hace meses. Según denuncian los sindicatos CCOO, USO y CSIF, las reuniones mantenidas con la patronal no han servido para desbloquear los principales puntos del acuerdo.
Las organizaciones de trabajadores sostienen que la negociación está prácticamente paralizada y que no existe un calendario ni propuestas concretas que permitan cerrar un nuevo marco laboral.
Uno de los principales motivos del conflicto es la situación salarial de los profesionales del sector. Durante todo el año 2025 no se aplicó ninguna subida de sueldo y los representantes sindicales advierten de que 2026 podría seguir el mismo camino si no se alcanza un acuerdo.
Como consecuencia, los trabajadores han acumulado, según los sindicatos, una pérdida de poder adquisitivo cercana al 19 por ciento en relación con la evolución del IPC, una cifra que consideran inasumible para un colectivo con salarios ajustados y altas exigencias laborales.
El conflicto laboral se enmarca además en una situación administrativa compleja. El servicio de transporte sanitario opera actualmente con contratos prorrogados a la espera de una nueva adjudicación pública.
En este contexto, los sindicatos denuncian que las empresas adjudicatarias estarían percibiendo actualizaciones vinculadas al IPC por la prestación del servicio, sin que esas mejoras se reflejen en las nóminas de los trabajadores. Esta circunstancia ha incrementado el malestar y la sensación de desequilibrio entre costes laborales y retribución empresarial.
Acusaciones de mala fe negociadora
Las organizaciones sindicales también han señalado prácticas que consideran una muestra de mala fe por parte de la patronal. Entre ellas citan la falta de actas claras de algunas reuniones, cambios posteriores en aspectos que se daban por consensuados y la negativa a garantizar el abono de atrasos salariales una vez se cierre el nuevo convenio.
Estas dinámicas han erosionado la confianza y dificultan cualquier avance real en la mesa de negociación.
Ante la falta de avances, CCOO, USO y CSIF han anunciado que están valorando convocar concentraciones y movilizaciones en las próximas semanas. Además, no descartan recurrir a la huelga si la situación continúa bloqueada.
Los sindicatos sostienen que la protesta es el último recurso para forzar un acuerdo que garantice condiciones laborales dignas y estabilidad en un servicio esencial para la ciudadanía.
Las organizaciones de trabajadores han pedido una mayor implicación del Gobierno de Canarias para mediar en el conflicto y evitar un deterioro del servicio. Consideran que la Administración, como responsable última de la planificación sanitaria, debe contribuir a desbloquear una negociación que afecta tanto a los profesionales como a la calidad de la atención sanitaria en el Archipiélago.
