Las manifestaciones del 8 de marzo de 2025 llegan marcadas por una crisis de credibilidad que sacude a la izquierda política en España. Lo que durante años fue una cita ineludible para la reivindicación de derechos se ha convertido en un escenario incómodo para aquellos partidos que han hecho del feminismo una bandera, pero que ahora enfrentan graves contradicciones internas. Los escándalos de figuras destacadas de Podemos, Sumar y PSOE, sumados a la ya enquistada fragmentación del movimiento feminista, han erosionado la legitimidad de quienes aspiran a liderar la causa.
Feminismo y escándalos: un discurso puesto a prueba
La izquierda ha construido gran parte de su discurso sobre la lucha contra la violencia machista, el acoso y la igualdad de género. Sin embargo, las acusaciones de abuso y acoso sexual contra figuras como Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero han puesto en entredicho la coherencia del espacio progresista. No se trata solo de los casos individuales, sino de la gestión que los partidos han hecho de ellos: denuncias ignoradas, mecanismos internos fallidos y una reacción tardía que ha dado la impresión de encubrimiento más que de contundencia.
La doble vara de medir resulta evidente. La misma izquierda que impulsó leyes como la del «sólo sí es sí» se encuentra ahora en la incómoda posición de explicar por qué algunos de sus referentes no fueron apartados inmediatamente tras conocerse las denuncias. La respuesta ha sido tibia: Errejón mantuvo su posición hasta que la presión fue insostenible, y Monedero ha seguido vinculado a Podemos mientras las denuncias se debatían en círculos internos.
El PSOE y la hipocresía del abolicionismo
Pero los problemas no acaban ahí. El Partido Socialista también se enfrenta a un golpe a su credibilidad con el escándalo de Tito Berni y las revelaciones sobre Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que contrataba servicios sexuales mientras ocupaba su escaño en el Congreso. Más grave aún es la acusación contra José Luis Ábalos, implicado en un caso donde se habría facilitado un apartamento de lujo y puestos públicos a una expareja. Resulta irónico que el mismo partido que abandera la lucha contra la prostitución tenga entre sus filas a figuras envueltas en este tipo de controversias. Mientras tanto, la oposición, especialmente PP y Vox, ha encontrado en estas contradicciones un filón para cuestionar la legitimidad del feminismo institucionalizado.
Un feminismo dividido y sin rumbo claro
Estos casos llegan en un momento en el que el movimiento feminista ya se encontraba fragmentado. Desde la masiva movilización de 2018, las divisiones entre abolicionistas y feministas transincluyentes han debilitado la unidad de las marchas. Este año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha optado por asistir tanto a la manifestación oficial como a la alternativa, en un intento de reconciliación que parece más un acto de equilibrista que una solución real a las tensiones internas.
Con este panorama, el 8-M de 2025 se presenta menos como una celebración y más como una prueba de fuego para una izquierda que enfrenta su propia crisis de credibilidad. Las feministas clásicas acusan a los partidos progresistas de instrumentalizar el movimiento para su propio beneficio, mientras los sectores más afines a las nuevas corrientes intentan evitar que la división se haga aún más profunda. En este contexto, la pregunta clave no es quién asistirá a la marcha, sino quién aún creerá en el mensaje de quienes encabezan la manifestación.
