La reciente crisis energética que paralizó gran parte del país ha encendido las alarmas ciudadanas no solo por el colapso en sí, sino por la manera en que las instituciones han gestionado el incidente. Lejos de encontrar respuestas claras o un liderazgo firme, la mayoría de la población se siente desinformada y desprotegida. Las cifras hablan por sí solas, según la ultima encuesta de SIGMA DOS: un 56% de los españoles suspende la actuación tanto del Gobierno como de Red Eléctrica, mientras que un 67% califica de insuficientes las explicaciones ofrecidas por el presidente del Ejecutivo. De acuerdo con este malestar, un 59% considera que el asunto debe conllevar dimisiones.
Pero más allá del descontento generalizado, el foco de la crítica ciudadana se dirige con especial intensidad hacia Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica y exministra socialista, designada por el propio Pedro Sánchez. Seis de cada diez encuestados creen que debería dimitir. No se trata de una percepción exclusivamente partidista: incluso entre votantes socialistas y de Sumar existe un notable porcentaje que considera que debería haber ceses como consecuencia del apagón.
Este episodio ha vuelto a evidenciar hasta qué punto la gestión de infraestructuras estratégicas genera tensiones cuando se entremezclan intereses públicos y privados. Red Eléctrica, con un 20% de participación estatal a través de la SEPI, ha sido cuestionada tanto por su falta de reacción como por su comunicación opaca. La falta de una narrativa coherente sobre lo ocurrido alimenta teorías diversas: desde ciberataques hasta errores humanos o problemas de interconexión eléctrica. El Gobierno, lejos de ofrecer claridad, ha optado por discursos genéricos que solo han reforzado el escepticismo.
La lectura política del suceso tampoco ha tardado en imponerse. En un contexto de polarización creciente, los votantes del PP y de Vox exigen responsabilidades con contundencia —superando el 85% en ambos casos—, mientras que el apoyo al Ejecutivo se mantiene principalmente entre los afines al PSOE y Sumar, aunque con fisuras importantes. El 36,7% de los votantes socialistas, por ejemplo, se muestra a favor de dimisiones.
Curiosamente, los gobiernos autonómicos y municipales han salido mejor parados del juicio ciudadano. Más del 57% valora positivamente su actuación, lo que sugiere que la población percibe mayor cercanía y eficacia en estos niveles de gobierno que en el estatal. Por otro lado, las fuerzas de seguridad del Estado obtienen una valoración abrumadoramente positiva —el 87% aprueba su labor—, lo que contrasta con la crítica general a los responsables políticos.
En el reparto de culpas, la ciudadanía no exime a nadie. Un tercio responsabiliza directamente a las empresas energéticas, mientras que el resto reparte culpas entre ellas y el Ejecutivo. Lo preocupante es que, más allá de los porcentajes, lo que queda es una sensación compartida de que la ciudadanía ha sido la última en enterarse y la primera en sufrir las consecuencias.
Este apagón no ha sido solo eléctrico. También ha sido un apagón informativo y de responsabilidad. Y en ese sentido, el malestar ciudadano no parece una reacción desmedida, sino un reflejo lógico de una crisis mal gestionada y peor explicada.
