El gobierno de Estados Unidos ha renovado recientemente sus acusaciones contra Nicolás Maduro al reafirmar públicamente que él lidera el llamado Cartel de los Soles, una supuesta red criminal compuesta por altos funcionarios militares y del gobierno venezolano. A través del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro no solo ha estado implicado en narcotráfico durante más de dos décadas, sino que fue pieza clave en la dirección y organización de esta estructura criminal conocida por traficar cocaína a gran escala, colaborar con alias de las FARC y utilizar poder militar para proteger sus actividades.
Desde aproximadamente 1999, según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Nicolás Maduro junto a figuras como Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, participaron en la gestión y liderazgo del Cartel de los Soles, una operación que aprovechó insignias en forma de sol en uniforme militar para dar nombre a la organización. En la acusación formal presentada por Estados Unidos en 2020, se detallan conspiraciones de narcoterrorismo que incluyen negociaciones con las FARC, envío de múltiples toneladas de cocaína a territorio estadounidense a través de rutas logísticas coordinadas desde Venezuela, y suministro de armas de grado militar que fortalecieron milicias al servicio del cartel.
Como medida de presión, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Maduro, una cifra incrementada desde los 15 millones iniciales para enfatizar la gravedad de los cargos y el peligro que representa su red criminal a escala hemisférica. Además, estas acusaciones han sido refrendadas por medios oficiales estadounidenses y refuerzan la no participación de Washington en el reconocimiento del resultado electoral venezolano de julio de 2024.
En paralelo, el FBI ha intensificado su operativo contra el Cartel de los Soles dentro de territorio estadounidense, dirigiendo sus esfuerzos a desmantelar su estructura financiera y logísticas que, según denuncias, también vincula al régimen de Maduro con otras organizaciones criminales etiquetadas como terroristas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. El objetivo del FBI es debilitar desde dentro cualquier ramificación que conecte declaraciones de sobornos, comercio ilícito de drogas y posibles rutas de lavado desde Venezuela hacia EE. UU.
La narrativa oficial estadounidense sostiene que el Cartel de los Soles no es simplemente un sindicato criminal tradicional, sino una conspiración institucional que corrompió aspectos del ejército, la inteligencia, el poder legislativo y el judicial venezolano, para crear una red narco‑terrorista que acumula poder político y logra el tránsito de centenares de toneladas de cocaína por año hacia el norte.
El Gobierno venezolano ha rechazado categóricamente estas acusaciones. Voceros estatales, incluido el diputado Pedro Carreño, las han calificado de “una campaña de satanización” dirigida contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, denunciando que no existen pruebas judiciales sólidas que respalden la existencia de dicha organización.
Este posicionamiento de Washington se inscribe dentro de una línea dura de políticas de control de narcotráfico y terrorismo en la región, que incluye alertas por financiamiento ilícito, sanciones económicas y cooperación internacional con fuerzas de seguridad en Centroamérica, México y el Caribe. La insistencia de EE. UU. en señalar a Maduro como líder del Cartel de los Soles no solo mantiene abierta una orden de detención internacional, sino que busca aislarlo políticamente y limitar su acceso a redes financieras globales.
