Ramón Alzórriz, hasta ahora vicesecretario general y portavoz parlamentario del PSN, ha presentado su dimisión tras revelar que su pareja trabajó entre 2021 y 2024 en Servinabar, una empresa en la que Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE— ostenta el 45 % de las participaciones, según documentos de la UCO. Alzórriz aseguró desconocer ese vínculo y explicó que no informó a María Chivite, presidenta de Navarra y secretaria general de su partido, lo que provocó la pérdida de confianza personal y política necesaria para mantener sus cargos.
Servinabar fue parte de la UTE adjudicataria de la mayor obra pública autonómica en el último decenio —la duplicación de los túneles de Belate— y según la Guardia Civil habría obtenido al menos seis contratos millonarios, entre ellos proyectos relacionados con Acciona por un valor cercano a 89 millones de euros. El escándalo ha situado en el centro de la polémica a Cerdán y evidencia de comisiones, bienes y participaciones societarias activadas por investigaciones de la UCO.
Tras la dimisión de Alzórriz, Chivite ha respondido con medidas inmediatas: remitió cinco adjudicaciones para revisión a la Oficina de Buenas Prácticas y la Cámara de Comptos, ordenó una auditoría de las cuentas del PSN en la etapa de Cerdán y anunció la personación del Gobierno en la causa abierta en el Tribunal Supremo. Ha declarado sentirse «totalmente traicionada personal y políticamente», y ha insistido en que no intervino en el proceso de licitación, sino que éste se gestionó mediante mesas de contratación autónomas.
Mientras tanto, la oposición, encabezada por UPN, exige responsabilidades inmediatas. El diputado Sergio Sayas ha afirmado que si se confirma la implicación de Cerdán en estas adjudicaciones, Chivite debería dimitir «inmediatamente». Sin embargo, los socios de Gobierno (Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu) han pedido cautela y han pospuesto la comisión de investigación parlamentaria hasta septiembre, ante la posibilidad de que nuevas revelaciones amplíen el alcance de la trama.
La salida de Alzórriz —quien permanecerá finalmente como parlamentario— refleja la gravedad política y personal del caso, y abre un nuevo capítulo en la crisis del PSN, que ya había visto caer a Cerdán el 12 de junio tras un informe de la UCO que lo vinculaba a posibles comisiones ilegales. La atención ahora se centra en la evolución de las auditorías internas y en si las investigaciones siembran más implicados, especialmente dentro del partido navarro.
