La Guardia Civil anunció este domingo la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes, que trasladó entre 1.000 y 2.500 personas, principalmente marroquíes, desde Rumanía a España en los últimos dos años. La operación, llevada a cabo en la provincia de Murcia, resultó en la detención de cuatro individuos acusados de pertenencia a grupo criminal y facilitación de inmigración ilegal, según un comunicado oficial de las autoridades.
La red operaba un sofisticado sistema que comenzaba con el traslado aéreo de migrantes desde Marruecos a Rumanía, donde se estableció un centro logístico para organizar su entrada a España. Cada persona pagaba unos 3.000 euros por el viaje, que culminaba en trayectos por carretera en furgonetas y camiones sobrecargados, con entre 20 y 50 ocupantes hacinados en compartimentos ocultos durante horas. La Guardia Civil estima que la organización realizó al menos 50 traslados, generando millones de euros en beneficios ilícitos.
El operativo, que incluyó registros en la ciudad de Cartagena, fue fruto de meses de investigación coordinada entre las autoridades españolas y rumanas, con apoyo de Europol. Los detenidos, descritos como los principales líderes de la red en España, gestionaban la logística, los precios y los contactos con Marruecos y Rumanía. La investigación sigue abierta para identificar a otros posibles implicados y determinar el destino final de los migrantes, muchos de los cuales eran abandonados en el sureste español tras cruzar la frontera.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó la importancia de la operación para combatir la trata de personas, subrayando que “estas redes se aprovechan de la desesperación de los más vulnerables”. Sin embargo, el caso también ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias en Europa, con críticas desde organizaciones humanitarias que piden vías legales y seguras para evitar que los migrantes caigan en manos de mafias.
Este golpe se suma a otros esfuerzos recientes contra el tráfico humano en España, donde la presión migratoria sigue siendo un desafío. Mientras las autoridades celebran el éxito, la sociedad espera medidas que no solo castiguen a los traficantes, sino que también protejan a quienes arriesgan todo en busca de una vida mejor
