La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó este domingo en los Países Bajos para defender personalmente los derechos históricos de su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que celebra hasta este lunes las audiencias finales sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo.
«En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio», escribió Rodríguez en Telegram tras su llegada.
La mandataria figura entre los 69 venezolanos sancionados por la Unión Europea, acusados de acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición. Las sanciones incluyen la prohibición de entrada al territorio comunitario.
Sin embargo, las normas de la UE contemplan excepciones temporales para asistir a organismos internacionales como la CIJ. Rodríguez utilizó una exención diplomática, conocida como waiver, que le permite participar en las audiencias a pesar de las restricciones de viaje. Se trata de una autorización excepcional para realizar una actividad que normalmente estaría prohibida por las sanciones.
La autorización habría coincidido con la reunión de ministros de Exteriores europeos celebrada este lunes en Bruselas, donde España volvió a insistir en revisar las sanciones impuestas contra la dirigente venezolana.
El sábado, Rodríguez participó en un acto en Caracas donde adelantó que se trasladaría al continente europeo para «defender a la patria», sin precisar el destino. «Cuando he tenido que hacerlo, ustedes no saben el orgullo que me da. El orgullo profundo de defender los derechos irrenunciables de Venezuela», expresó durante su discurso.
Se trata de su primer desplazamiento fuera del Caribe tras los cambios políticos ocurridos el pasado 3 de enero, cuando asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses en una operación conjunta con Israel.
La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana. Esta zona, rica en yacimientos de petróleo, bauxita y otros recursos naturales, ha estado bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, pero es reclamada por Caracas como parte de su territorio.
El máximo tribunal de Naciones Unidas ha dedicado toda la semana al análisis del caso y este lunes celebrará su última sesión antes de emitir un fallo sobre la validez del laudo arbitral de 1899, que fijó la actual frontera entre ambos países. Venezuela sostiene que dicho acuerdo fue aceptado bajo circunstancias irregulares y considera que el conflicto sigue vigente bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966.
El viernes, el canciller venezolano, Yván Gil, consideró que la disputa terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, y rechazó los argumentos finales de Guyana presentados en la CIJ, calificándolos de «negacionistas» y «repetitivos». El ministro de Exteriores insistió en que la única vía para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966, un instrumento jurídico para alcanzar una solución mutuamente aceptable.
Guyana, por su parte, defiende que su argumento sobre el Esequibo «está respaldado por los antecedentes históricos y los principios jurídicos aplicables en relación con el carácter vinculante de los laudos arbitrales, la inviolabilidad de los tratados, el respeto al Estado de Derecho y la estabilidad de las fronteras», según declaró la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del país.
El conflicto ha superado el ámbito jurídico para entrar en el terreno de los gestos políticos y militares. Tras el referendo de 2023 y la creación del estado Guayana Esequiba, la cartografía oficial venezolana ya incorpora este territorio como propio, una medida que encendió las alarmas en Georgetown. Hace apenas unas semanas, el presidente guyanés, Irfaan Alí, expresó su malestar por el broche que lucía en su solapa la presidenta venezolana: un broche dorado con la silueta del país que incluía el Esequibo.
Hoy la batalla se da con distintos aliados de Venezuela, que han cambiado después del 3 de enero. Es clave ahora la posición de Estados Unidos, que ejerce una especie de tutela sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez. Históricamente, Washington ha respaldado la posición de Georgetown, incluso con apoyo militar durante el despliegue que precedió a la captura de Maduro. No obstante, Caracas mantiene su postura de que la solución definitiva debe ser una negociación directa sin mediación de terceros.
La delegación venezolana incluye al canciller Yván Gil y busca invalidar la frontera actual que otorga a Guyana el control de una zona estratégica para la economía regional.
