Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, ha iniciado los trámites judiciales para querellarse en España contra el empresario Víctor de Aldama por haber afirmado públicamente que fue ella quien le entregó un sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA vinculado a una presunta financiación irregular del PSOE. Para ello ha contratado al despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que ha presentado el escrito previo de conciliación ante los juzgados de Madrid con señalamiento para el 16 de julio.
El mecanismo elegido es un acto de conciliación, paso obligatorio antes de interponer una querella formal. Si Aldama se niega a retractarse de sus declaraciones en ese acto, Rodríguez presentará la querella. La defensa de la dirigente venezolana sostiene que la atribución de haber entregado el sobre «implica una participación en unos hechos que, al menos contra otras personas, podrían ser constitutivos de delito» y que esa afirmación tiene «un significado y contexto negativo» para su representada.
La respuesta del entorno de Aldama fue inmediata. Su portavoz, Ramón Bermejo, descartó que la iniciativa sea una actuación personal de Rodríguez: «Responde más a una estrategia política», afirmó, señalando directamente a la Moncloa y a Ferraz como los impulsores reales de la querella. Bermejo recordó que el Gobierno ya intentó acciones por injurias contra Aldama y que aquella iniciativa ni siquiera fue admitida a trámite. También avisó de que esta nueva ofensiva tendrá «un recorrido cuanto menos corto».
Aldama, que ya cumplió condena en el caso Koldo y colabora de forma activa con la justicia en causas que implican al PSOE, entregó el pasado mes de marzo el sobre de PDVSA ante el juez Ismael Moreno en el marco de la pieza secreta que investiga presuntos pagos en efectivo al partido. Lo que contiene ese sobre sigue sin conocerse públicamente. La querella de Rodríguez, representada por el despacho de Garzón, abre un proceso que puede obligar a que ese material aflore en sede judicial.
