España ha decidido intensificar su inversión en Defensa con cifras históricas, pero lo llamativo no es solo el volumen del gasto, sino su distribución. En 2025, el Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa y la Seguridad alcanzará los 10.471 millones de euros, con la mirada puesta en satisfacer las exigencias de la OTAN y fortalecer la industria nacional. Sin embargo, apenas el 18,7% de ese presupuesto —casi 2.000 millones— irá destinado a capacidades reales de defensa y disuasión. El resto, según el planteamiento oficial, busca reforzar el tejido industrial y tecnológico del país.
El grueso de la inversión militar directa estará centrado en el Ejército de Tierra, que se llevará el 35% del presupuesto destinado a armamento. Obuses autopropulsados, vehículos blindados y plataformas de reconocimiento son los protagonistas de esta modernización. Destacan 300 millones de euros para sustituir los antiguos M-109 A5 por artillería de despliegue rápido y otros 200 millones para iniciar el desarrollo de un nuevo vehículo acorazado que reemplace a los TOA, presentes en las filas españolas desde hace décadas. También se invertirán millones en renovar unidades del Pizarro, vehículos de exploración y en sistemas de combate terrestre que no verán la luz antes de 2040.
La Armada tampoco se queda atrás. De los 495 millones previstos para este cuerpo, se dedicarán 225 millones a actualizar las fragatas F-100, buques insignia que ya nacieron con vocación tecnológica. El veterano buque de aprovisionamiento ‘Patiño’ será retirado tras más de 30 años de servicio, dando paso a una nueva unidad aún por construir. También se invertirán 100 millones en modernizar buques de asalto anfibio y 50 millones en diseñar un nuevo vehículo de combate para la Infantería de Marina. Como guinda, un nuevo sistema de defensa antimisil por valor de 70 millones tratará de blindar a la flota frente a amenazas de alta intensidad.
Mientras tanto, el Ejército del Aire y del Espacio recibirá 216 millones para el desarrollo del Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS), una iniciativa que aspira a situar a Europa en la vanguardia de la aviación militar junto a Francia y Alemania. Aunque estos futuros cazas de sexta generación no llegarán hasta dentro de años, ya suponen una inversión significativa en tecnologías aún en desarrollo.
Pese a las cifras y a la retórica oficial sobre soberanía y disuasión, el debate sobre estas decisiones sigue siendo escaso. ¿Dónde queda la discusión pública sobre prioridades presupuestarias cuando casi 2.000 millones se destinan a rearme? ¿Qué peso tienen estas decisiones frente a otras urgencias como la sanidad, la educación o la transición energética?
El presupuesto refleja una estrategia de Estado a largo plazo, pero también evidencia una falta de contraste crítico. Porque más allá de la tecnología o los compromisos internacionales, sigue sin estar claro hasta qué punto la ciudadanía respalda —o siquiera conoce— el contenido de este ambicioso plan militar.
