La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, parlamento unicameral de la isla, aprobó este jueves las nuevas leyes de la Vivienda y del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, dos normas que actualizan marcos jurídicos con décadas de vigencia. La votación se produjo en el marco del Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana.
La medida de mayor calado en la Ley de la Vivienda es la eliminación de la confiscación del inmueble por salida definitiva del país. La legislación anterior facultaba al Estado a quedarse con la casa de quien emigraba; ese precepto desaparece del nuevo texto. También se suprime la obligación que tenían los herederos de comunicar en el plazo de un año el inicio del proceso de adjudicación de una vivienda que quedara sin ocupantes.
La norma, presentada por el ministro de la Construcción, René Antonio Mesa Villafaña, amplía además los derechos de los propietarios. Reconoce el derecho de las personas físicas a poseer hasta dos viviendas en propiedad, sin contar la destinada a descanso o veraneo cuando conste legalmente como tal. Flexibiliza los contratos de compraventa, al permitir que las partes pacten libremente cláusulas y condiciones siempre que no contravengan la ley ni el orden público, y regula la concesión del derecho de superficie para construir en solares yermos. El texto se elaboró tras estudiar tratados internacionales suscritos por Cuba y legislaciones de quince países, con el objetivo de armonizar la norma con la Constitución de 2019.
La segunda ley aprobada, la del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, moderniza el registro de identidad de cubanos y extranjeros residentes. Incorpora por primera vez el concepto de identidad digital, amplía el uso de datos biométricos y crea un registro nacional con información centralizada bajo la dirección de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía del Ministerio del Interior. La norma establece que cada ciudadano solo podrá tener un único domicilio legal inscrito y redefine este como el centro de sus relaciones jurídicas.
Ambas leyes formaron parte de un paquete legislativo que incluyó también la Ley de Organización de la Administración Central del Estado y el Código del Trabajo, dentro del proceso de actualización del ordenamiento jurídico cubano derivado de la Constitución de 2019. Al Presidente Miguel Díaz-Canel participó de forma presencial en los debates, mientras el general Raúl Castro los siguió por videoconferencia.
