La Junta Electoral Central adoptó una resolución sobre la denominada ley de nietos en la que se declaró «no competente» para detener el incremento del censo exterior derivado de la instrucción firmada en 2022 por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que amplió los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática más allá de lo que la propia norma establecía. Cuatro de los trece vocales del organismo no estuvieron de acuerdo y suscribieron un voto particular en el que sostienen que la Junta no solo tiene competencia para actuar, sino también «la obligación de impedir que se amplíe el censo contra legem».
El texto de los discrepantes afirma que la instrucción de Justicia de 2022 abrió la puerta a la nacionalización de personas que la ley no contemplaba, lo que ha generado un «incremento irregular» y potencialmente «formidable e irreversible» del Censo de Residentes Ausentes, conocido como CERA. Advierten de que la Junta debería haber ordenado a los consulados, ayuntamientos y registros civiles que solo tramiten altas censales cuando el beneficiario acredite arraigo real en España, para evitar inscripciones en circunscripciones sin ninguna vinculación efectiva.
La resolución mayoritaria, pese a no frenar el proceso, sí introduce controles. La Junta ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral que amplíe el informe sobre las nuevas altas en el CERA, reprochándole haber aportado uno incompleto el 10 de julio, y ha anunciado que emitirá una instrucción específica para los consulados que fije criterios objetivos y homogéneos para la adscripción provincial de los nuevos votantes, exigiendo que cada expediente quede debidamente motivado. La batalla tiene un calado electoral evidente: la circunscripción en la que se inscriba cada nuevo elector determinará el peso de su voto en unas futuras elecciones generales.
