⏱ 3 min de lectura
Se cumplen cuatro años de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma y el balance de las ayudas a los damnificados vuelve a abrir un pulso entre administraciones. El Gobierno de Canarias y el Cabildo insisten en que el Estado mantiene una deuda de 252,2 millones de euros con la isla, derivada de un compromiso de 100 millones anuales en cuatro ejercicios a cargo del Ejecutivo central y de 50 millones al año por parte del autonómico. Según ambas instituciones, mientras el Gobierno canario sí ha cumplido con sus aportaciones en 2024 y 2025, Moncloa únicamente habría abonado los 100 millones correspondientes a 2023, dejando en suspenso las anualidades posteriores.
A esta diferencia de criterio se suman los 105 millones previstos en el convenio para la reconstrucción de infraestructuras públicas, con aportaciones del 50% por parte del Estado, del 25% del Ejecutivo regional y del resto a cargo de Cabildo y ayuntamientos. Ninguna de las partes, según reconocen, habría completado todavía su parte del compromiso, lo que mantiene la obra pública de la isla pendiente de financiación efectiva.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, rechazó este viernes la existencia de una deuda de 200 millones de euros, como sostienen las instituciones canarias. “Invito a quienes dicen que faltan 200 millones a revisar la Agenda Canaria firmada en el verano de 2023. En esa agenda no aparecen, porque correspondían a una enmienda en los presupuestos de ese año”, defendió en Las Palmas de Gran Canaria. Aun así, Torres aseguró que el Gobierno central mantiene la voluntad de “sentarse con el Ejecutivo canario y el Cabildo para acordar mejoras, pero sin generar ilusiones vanas”.
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se reivindican los avances alcanzados en la isla tras la catástrofe de 2021. Torres destacó que en La Palma hay hoy un centenar de empresas más que antes de la erupción y que la tasa de desempleo se sitúa en el 12%, frente al 20% registrado hace cuatro años. “El Gobierno de España ha aportado más de 1.100 millones de euros a la isla, y vamos a seguir trabajando para recuperar los sectores que aún necesitan apoyo”, subrayó el ministro.
Sí existe consenso en torno a una medida clave para la población palmera: la reducción del 60% en el IRPF para los residentes de la isla durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027, que se aprobará mediante Decreto Ley. Con esta rebaja fiscal, el Ejecutivo espera aliviar la presión económica sobre las familias y consolidar la recuperación.
Para quienes viven aún con las cicatrices de la erupción, la percepción es que el tiempo no sólo ha pasado, sino que ha alargado su espera, y que las promesas pactadas se han incumplido.
