La polémica en torno a la adjudicación de un puesto en la Diputación de Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sumando indicios comprometedores. Un informe de la Guardia Civil ha revelado correos electrónicos en los que dos directores de conservatorios ya daban por hecho que la plaza sería para David Sánchez Pérez-Castejón antes siquiera de que comenzara el proceso de selección.
La magistrada Beatriz Biedma ha incorporado estos correos a la investigación como prueba clave. Uno de ellos, fechado el 19 de mayo de 2017—el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza en el Boletín Oficial de la Provincia—, contenía un asunto revelador: “Hermanísimo”. Sus remitentes, Yolanda Sánchez y Evaristo Valentí, directores de dos conservatorios, intercambiaban mensajes en los que, según el informe de la UCO, quedaba claro que la adjudicación ya estaba decidida de antemano.
Lo más llamativo del caso es que estos directores ni siquiera consideraban necesaria la creación de ese puesto, lo que refuerza la sospecha de que fue diseñado a medida para favorecer a un perfil concreto. “La necesidad de creación del puesto no tuvo su origen en una petición de los directores de los conservatorios, sino que dicha creación les vino impuesta”, señala la juez en su resolución.
Este caso añade un nuevo capítulo a los escándalos de presunto enchufismo en las administraciones públicas. La conexión directa entre la publicación de la convocatoria y la existencia de comunicaciones internas anticipando el resultado del proceso deja en entredicho la transparencia del procedimiento. Más allá del aspecto legal, el caso plantea una cuestión ética: ¿hasta qué punto se está utilizando el poder político para beneficiar a círculos cercanos?
Si se confirma que la plaza fue creada exclusivamente para colocar a un familiar del presidente, estaríamos ante un ejemplo más de cómo las instituciones pueden ser instrumentalizadas para favorecer intereses personales. La investigación sigue en marcha, pero lo que ya parece claro es que la opacidad en la gestión de este proceso difícilmente podrá ser justificada.
