No la implanta ahora, pero tampoco la cierra. Fernando Clavijo volvió a enredar el viernes el debate fiscal turístico en el foro Wake Up Spain de El Español, celebrado en Madrid. El presidente canario rechazó aplicar una tasa turística al uso, pero abrió la puerta a subir el IGIC a las pernoctaciones en la próxima legislatura. Lo justifica con un argumento contable: el IGIC reparte la recaudación entre comunidad, cabildos y ayuntamientos; la tasa, no.
Clavijo lleva meses repitiendo la misma fórmula: primero descarta la tasa, después desliza que el IGIC puede subir. Esta vez lo hizo en Madrid, frente a un auditorio de grandes empresas, y lo volvió a envolver en lenguaje técnico. El mensaje real, traducido: el Gobierno canario no quiere abrir un frente con los hoteleros a un año largo del final de la legislatura, pero reserva la subida fiscal para el próximo mandato.
La propuesta que el Ejecutivo canario maneja desde hace meses es gravar las pernoctaciones hoteleras elevando el tipo del IGIC. El argumento oficial: ese esquema permite un reparto «más homogéneo» entre administraciones —un 42% para el Gobierno autonómico, un 35% para los cabildos y un 23% para los ayuntamientos—. La tasa turística, en cambio, suele quedarse íntegra en manos de ayuntamientos o comunidades, según el modelo.
El problema es que ese argumento choca con dos realidades. La primera: una subida del IGIC a pernoctaciones hoteleras afecta de forma muy desigual al alojamiento reglado frente a la vivienda vacacional, que ha crecido en los últimos años en municipios como Adeje, Arona, Puerto de la Cruz o Santa Cruz. La segunda: Canarias aprobó en diciembre de 2025 la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, precisamente para intentar frenar ese crecimiento. Subir solo el IGIC hotelero sin tocar la tributación efectiva de la vivienda vacacional dejaría la carga fiscal cargada sobre el alojamiento reglado.
La oposición ya ha movido ficha. El PSOE canario lleva meses defendiendo una tasa turística finalista, blindada por ley, para financiar infraestructura turística y residuos. Clavijo responde con la subida del IGIC, pero no para ya: para «el próximo mandato». Es decir, no en 2026. Tampoco, previsiblemente, en 2027.
Mientras, la patronal hotelera reacciona como lleva años reaccionando: avisa de pérdida de competitividad, compara Canarias con otros destinos y pide «estabilidad fiscal». Europa camina en la dirección contraria. Cada vez más ciudades europeas cargan contra el turismo de masas con tasas específicas. Canarias, con más de 18 millones de turistas anuales, sigue discutiendo qué instrumento usar.
Queda una pregunta que nadie en el foro de Madrid hizo en voz alta: si la subida del IGIC turístico es razonable «en la próxima legislatura», ¿qué razón hay para no activarla ya, cuando la presión sobre servicios públicos, vivienda y movilidad en las islas es récord?
Clavijo ha vuelto a ganar tiempo. La frase sirve para quedar bien ante el sector, ante la oposición y ante los cabildos a la vez. Pero el reloj fiscal canario sigue corriendo.
