Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron el 3 de abril una carta conjunta a la Comisión Europea en la que reclaman gravar los beneficios extraordinarios que están obteniendo las compañías energéticas como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. La misiva va dirigida al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, y fue dada a conocer públicamente el sábado por el titular español de Economía, Carlos Cuerpo, a través de su cuenta en X.
El encarecimiento de los combustibles fósiles derivado del bloqueo del Estrecho de Ormuz ha disparado todas las alarmas en el seno de la Unión Europea, donde se buscan medidas colectivas para acotar sus efectos económicos. Por ese motivo, los cinco gobiernos piden que Bruselas actúe con rapidez y con respaldo jurídico suficiente para que la medida sea aplicable de forma uniforme en toda la Unión.
La carta señala que el conflicto en Oriente Próximo ha provocado un aumento de los precios del petróleo que supone una carga considerable para la economía y los ciudadanos europeos, y que esa carga debe distribuirse de manera equitativa. El argumento central es que quienes se han beneficiado de la volatilidad de los precios deben contribuir a aliviar la presión sobre los hogares y las empresas.
El precedente que invocan los firmantes es el Reglamento (UE) 2022/1854, aprobado en octubre de ese año para responder al encarecimiento de la energía tras la invasión rusa de Ucrania, que estableció una contribución solidaria temporal sobre los beneficios extraordinarios del sector. Ese marco ofrece tanto la referencia legal como la experiencia técnica para diseñar ahora un instrumento de alcance equivalente.
Los cinco países insisten en que el objetivo es que el coste de la crisis no recaiga exclusivamente sobre los consumidores ni dispare la inflación sin sobrecargar además los presupuestos públicos. En España, la inflación alcanzó el 3,3% en marzo, dato que los firmantes utilizan para justificar la urgencia de la propuesta.
La posición de estos cinco países no es nueva: ya en la reunión del Eurogrupo del 27 de marzo defendieron medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas. La carta de esta semana convierte aquel posicionamiento en una petición formal ante el ejecutivo comunitario, con la satisfacción de que la Comisión ha prometido examinar la cuestión con celeridad.
Los firmantes son Carlos Cuerpo por España, Lars Klingbeil por Alemania, Giancarlo Giorgetti por Italia, Markus Marterbauer por Austria y Joaquim Miranda Sarmento por Portugal. La propuesta abre ahora un debate en Bruselas sobre si existe voluntad política suficiente entre el resto de socios para sacarla adelante, dado que las medidas fiscales de este tipo requieren unanimidad o amplias mayorías en el Consejo.
