La regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno de España abre un nuevo escenario social y político en el país, con un impacto que será especialmente significativo en los territorios de frontera.
El proceso, aún pendiente de concreción definitiva, parte de una realidad ampliamente documentada: cientos de miles de personas viven y trabajan en el país sin autorización administrativa.
Según el último informe de la Fundación PorCausa, publicado en 2022, esta población ronda el medio millón de personas.
Si se traslada a Canarias el peso que el Archipiélago tiene sobre el conjunto de población extranjera —un 5,2 %—, el número de personas que podrían acogerse a la regularización se situaría en torno a 30.000, aunque estimaciones de Podemos Canarias elevan esa cifra hasta 40.000.
Canarias como territorio singular dentro del mapa migratorio
Canarias ocupa una posición excepcional dentro de España y de la Unión Europea: es frontera sur, punto de llegada y, al mismo tiempo, territorio de tránsito.
A diferencia de otras comunidades, una parte relevante de la inmigración irregular no llega por vía terrestre, sino marítima, tras rutas largas y de alto riesgo desde África occidental. Este factor condiciona profundamente el perfil de la población migrante irregular en las islas.
Si se confirma una regularización de amplio alcance, Canarias concentraría entre el 6 y el 8 % del total de beneficiarios nacionales, una proporción elevada en relación con su población. No se trataría, además, de un colectivo homogéneo, sino de varios perfiles bien diferenciados que reflejan las dinámicas migratorias propias del Archipiélago.
Perfil 1: jóvenes africanos llegados por vía marítima
El grupo más visible está formado por hombres jóvenes procedentes del África subsahariana, especialmente de Marruecos, Senegal, Mali, Gambia y Guinea Conakry.
Muchos llegaron durante los picos migratorios de 2020 y 2021 y han quedado varados en Canarias tras no poder continuar su viaje hacia la Península.
Una parte significativa ha pasado por centros de acogida o recursos de emergencia y hoy vive en situación administrativa irregular, aunque con distintos grados de integración social y laboral informal en sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción o los servicios auxiliares.
Este colectivo encajaría de forma clara en una regularización basada en arraigo, tiempo de estancia y vínculos sociales o laborales, siempre que se flexibilicen los requisitos actuales.
Perfil 2: mujeres en la economía de cuidados
Un segundo perfil relevante, aunque menos visible, es el de mujeres latinoamericanas y africanas vinculadas a la economía de los cuidados, la limpieza, la atención a personas mayores y el empleo doméstico.
Muchas entraron en España con visado de turista y quedaron en situación irregular tras su caducidad.
En Canarias, este perfil tiene un peso notable en áreas urbanas y turísticas, donde existe una demanda estructural de este tipo de empleo.
En un proceso de regularización, este colectivo podría verse especialmente beneficiado si se reconocen trayectorias laborales informales y arraigo social, una realidad muy extendida en el Archipiélago.
Perfil 3: jóvenes que llegaron siendo menores y hoy son adultos
Otro grupo clave lo forman jóvenes que llegaron como menores no acompañados, fueron tutelados por la administración y, al alcanzar la mayoría de edad, pasaron a una situación administrativa irregular. Este fenómeno ha sido especialmente intenso en Canarias.
Muchos de estos jóvenes están escolarizados, hablan español y cuentan con redes sociales estables, pero no pueden acceder legalmente al mercado laboral, lo que limita gravemente su integración.
Para este colectivo, la regularización tendría un impacto inmediato en términos de empleo, autonomía y estabilidad.
Perfil 4: migración antigua e invisibilizada
Existe también un perfil menos mediático: personas migrantes que llevan más de una década viviendo en Canarias, procedentes de África o América Latina, que quedaron fuera de procesos anteriores de regularización.
Son personas con fuerte arraigo comunitario, hijos escolarizados y una vida construida en las islas, pero sin documentación en regla.
Este grupo, habitualmente invisible en las estadísticas, afloraría con fuerza en un proceso amplio y bien diseñado.
Impacto específico
La horquilla de 30.000 a 40.000 personas potencialmente beneficiarias resulta coherente con la estructura migratoria del Archipiélago. La cifra más alta ganaría peso si la regularización reconoce no solo vínculos laborales formales, sino también arraigo social, educativo y comunitario.
En Canarias, la regularización no tendría únicamente un efecto humanitario, sino también estructural, ya que permitiría reducir la economía sumergida, aliviar la presión sobre los servicios sociales y responder a déficits reales de mano de obra en sectores clave. Por eso será uno de los territorios donde esta medida tendrá un impacto más profundo y visible.
