Canarias ha dado un paso que, si se gestiona con ambición, puede cambiar cómo se toman decisiones energéticas en las islas.
El Ejecutivo regional ha creado el Consejo Canario de Transición Energética y Acción Climática con el objetivo de sentar en la misma mesa a quienes deciden, autorizan, ejecutan y sufren (o disfrutan) los efectos de la política energética, para evitar que cada pieza del puzzle avance por su cuenta.
La novedad no está solo en el nombre del órgano, sino en lo que implica. Reconocer que el salto hacia un modelo menos dependiente de combustibles fósiles no se consigue únicamente con metas generales, sino con coordinación diaria, prioridades claras y capacidad para resolver conflictos antes de que bloqueen proyectos durante años.
En un territorio fragmentado, con redes eléctricas pequeñas y condicionantes de suelo y paisaje, cualquier desajuste entre planificación, permisos, red eléctrica y aceptación social se convierte en retrasos y costes.
Para qué sirve el nuevo Consejo
El Consejo nace con la lógica de alinear políticas y acelerar decisiones. En la práctica, esto debería traducirse en tres cosas.
Primero, un espacio estable para discutir qué proyectos son realmente prioritarios y cuáles pueden esperar. No todo cabe a la vez: redes, almacenamiento, autoconsumo, repotenciación eólica, infraestructuras de respaldo… Si se decide sin un marco común, se corre el riesgo de crear cuellos de botella: permisos que llegan tarde, obras que no encajan con el planeamiento o inversiones que no encuentran conexión a red.
Segundo, una manera de reducir la “guerra de ventanillas”. Cuando intervienen distintas administraciones y organismos —territorio, medio ambiente, energía, cabildos, ayuntamientos, operadores— es fácil que un proyecto quede atrapado por falta de coordinación. Un consejo de este tipo existe, precisamente, para que la conversación sea previa al atasco, no posterior.
Y tercero, un marco para mejorar la legitimidad: si el proceso incorpora voces sociales, económicas y técnicas desde el inicio, el conflicto no desaparece, pero se gestiona mejor. Y eso, en energía, vale oro.
La mesa de eólica marina: el verdadero foco político del movimiento
Que el Consejo incluya una mesa específica para eólica marina es una señal clara de dónde quiere poner Canarias parte de su apuesta.
No es un capricho: la eólica en el mar abre una vía enorme de generación renovable, pero también trae preguntas delicadas: compatibilidad con pesca, rutas marítimas, biodiversidad, impacto visual, puertos, industria auxiliar, y un calendario realista que no choque con la realidad administrativa.
Además, la eólica marina no depende solo de Canarias. Existe un marco estatal de ordenación del espacio marítimo y planificación que condiciona dónde se puede desarrollar, bajo qué criterios y con qué límites.
Es decir, si Canarias quiere que esto sea algo más que titulares, necesita músculo institucional para dialogar con el Estado y para preparar el terreno desde aquí: puertos, logística, formación, cadena de proveedores y aceptación social.
Conexión con “otros proyectos”
La mesa de eólica marina tiene sentido solo si el resto del sistema acompaña. Porque generar más energía renovable no basta si la red no está lista o si no existe suficiente capacidad de almacenamiento y flexibilidad para gestionar picos y valles.
Ahí encajan debates que ya están sobre la mesa en Canarias: soluciones de almacenamiento con baterías o proyectos de bombeo hidráulico en islas donde sea viable, pensados para estabilizar la red y reducir la dependencia del respaldo fósil. No es teoría, pues hay referencias oficiales recientes a sistemas de almacenamiento y proyectos concretos asociados a tramitaciones y actuaciones en el archipiélago, y también existe experiencia acumulada en sistemas híbridos en islas como El Hierro, que ha servido como escaparate y laboratorio.
Si el Consejo sirve para desbloquear coordinación, red, almacenamiento y consenso, tal vez Canarias consiga tener menos dependencia exterior y más capacidad de decidir su propio modelo energético.
