El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado un paquete de reformas legales que permite imponer la cadena perpetua a menores de entre 12 y 18 años condenados por homicidio, feminicidio, violación o terrorismo. Las medidas fueron publicadas este martes en el Diario Oficial y entrarán en vigor el 26 de abril.
La reforma se enmarca en una enmienda al artículo 27 de la Constitución aprobada en marzo por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas. El cambio elimina la prohibición expresa de las penas perpetuas y establece que solo se impondrán a homicidas, violadores y terroristas. Con 59 votos a favor de 60, el Congreso avaló la modificación constitucional, que aún debe ser ratificada en los próximos días para completar el proceso.
Junto a la reforma constitucional, el Ejecutivo modificó el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. En la Ley Penal Juvenil se suprime el procedimiento especial que regía para los menores infractores y se habilita que los casos graves sean vistos por tribunales penales ordinarios. También se reformó la Ley Orgánica Judicial para convertir juzgados de menores en tribunales de lo criminal.
Para los menores condenados a prisión perpetua, la nueva norma prevé un esquema revisable. La primera revisión de la condena se realizará cuando el interno haya cumplido 25 años de pena. Después, las evaluaciones se harán cada cinco años para determinar la posibilidad de acceder a libertad controlada, en función de la rehabilitación y del riesgo que represente. El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, Alejandro Quinteros, defendió que este modelo busca ajustarse a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que prohíbe la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación para hechos cometidos antes de los 18 años.
Hasta ahora, la pena máxima en El Salvador era de 60 años y la Constitución prohibía la cadena perpetua. La legislación juvenil previa contemplaba un sistema diferenciado, orientado a la rehabilitación, con penas menores y centros específicos.
La reforma ha generado críticas de organismos internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió revisar los cambios por considerar que contradicen la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que la privación de libertad de menores sea el último recurso y por el periodo más breve posible. Bukele respondió que las pandillas reclutaban a menores por la baja penalidad que afrontaban y rechazó lo que calificó de experimentos sociales. Sostuvo que la ley de 1994 para menores infractores facilitó que las estructuras criminales usaran a adolescentes para cometer delitos graves.
El paquete legal forma parte de la estrategia de seguridad del Gobierno, que mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción prorrogado de forma continuada. Según datos oficiales, desde entonces han sido detenidas más de 90.000 personas y la tasa de homicidios cerró 2025 en 1,3 por cada 100.000 habitantes. Organizaciones humanitarias han denunciado detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal. La nueva normativa sobre cadena perpetua para menores entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 26 de abril.
