En una propuesta que ha causado un amplio revuelo internacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha lanzado una oferta pública a Nicolás Maduro que combina elementos diplomáticos, humanitarios y estratégicos: intercambiar 252 venezolanos deportados por EE. UU. y actualmente presos en El Salvador, por un número igual de presos políticos retenidos en Venezuela. Entre los solicitados por Bukele se encuentran 13 ciudadanos españoles, incluyendo a dos turistas vascos acusados sin pruebas de ser agentes del CNI.
La maniobra, anunciada a través de redes sociales, deja entrever una dimensión más geopolítica que humanitaria. Bukele afirma que su país no tiene presos políticos, en contraposición al régimen venezolano, y señala que los venezolanos detenidos en su megacárcel fueron deportados desde Estados Unidos en el marco de una operación contra el Tren de Aragua. Sin embargo, múltiples organismos de derechos humanos han denunciado que muchas de estas detenciones se basan en criterios arbitrarios, como la presencia de tatuajes.
A cambio, el presidente salvadoreño solicita la liberación de figuras clave del activismo y la oposición venezolana, como la activista Rocío San Miguel, el periodista Roland Carreño o colaboradores de María Corina Machado, algunos incluso refugiados en embajadas extranjeras. También hace mención a rehenes extranjeros de distintas nacionalidades.
La propuesta, que se formalizará mediante una nota diplomática, se presenta como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, la iniciativa no puede desvincularse de las recientes tensiones en torno a las deportaciones promovidas por Donald Trump —quien mantiene una estrecha relación con Bukele—, ni del uso político que ambos líderes hacen del sistema penitenciario. La oferta de canje se enmarca en un contexto en el que El Salvador recibe 20.000 dólares por cada reo venezolano bajo custodia, consolidando un modelo carcelario altamente lucrativo pero cuestionado en cuanto a su legalidad y respeto a los derechos humanos.
Analistas advierten que este tipo de acuerdos sientan un precedente delicado: “Cuando las personas privadas de libertad se convierten en moneda de cambio entre gobiernos que buscan legitimidad, los derechos humanos quedan en segundo plano”, apunta una fuente cercana a organismos internacionales. Más que una medida de solidaridad, la propuesta de Bukele parece una jugada para afianzarse como interlocutor de peso en la región, utilizando los derechos de los reclusos como instrumento de influencia política.
