La Comisión Europea avaló este martes el retorno a Marruecos de todos los migrantes que permanecen de forma irregular en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, incluidos los menores extranjeros no acompañados. El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, sostuvo en rueda de prensa desde Bruselas que la expectativa del Ejecutivo europeo es que todos los que sigan ilegalmente en la ciudad sean devueltos, y defendió que esa posibilidad está contemplada por el derecho de la Unión, también en el caso de los menores.
El aval comunitario se apoya en una norma reciente. Preguntado expresamente por si esos retornos abarcan a los menores de edad, obviando la protección especial que les reconoce el derecho comunitario, Lammert respondió que la cuestión está regulada por el derecho de la UE y se remitió a la directiva de Retorno aprobada el pasado junio, que a su juicio incluye disposiciones aplicables a este supuesto. El portavoz celebró además el anuncio del Gobierno español de que nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península, tomó nota de la disposición de Marruecos a facilitar el regreso de los menores y ofreció el apoyo de Bruselas para acompañar el proceso.
El respaldo europeo choca, sin embargo, con serias advertencias jurídicas y humanitarias. Las ONG alertan del riesgo de ejecutar devoluciones masivas en bloque hacia un país que actúa como intermediario, un escenario que en el pasado ya fue frenado por los tribunales. El precedente es muy concreto: en 2021, la devolución de 55 menores desde Ceuta fue declarada ilegal por la justicia al considerarse una expulsión colectiva, sin expediente individual, lo que acarreó la condena de la entonces delegada del Gobierno y de la vicepresidenta primera ceutí por vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El marco legal español e internacional exige tramitar cada retorno de forma individualizada, verificar la filiación del menor, localizar a su familia y atender a su interés superior, garantías difíciles de conciliar con una devolución en masa.
Cerca de un centenar de migrantes de origen marroquí ha iniciado una huelga de hambre en la playa del Trampolín, en Ceuta, para reclamar asilo en España y rechazar su regreso a Marruecos. Persiste, además, una fuerte discrepancia sobre las cifras: Save the Children calcula en unos 4.000 los menores no acompañados que permanecen en la ciudad, mientras el Gobierno los rebaja a alrededor de 2.000. Las fuentes de la negociación apuntan a una tramitación exprés de las solicitudes de asilo con un rechazo inmediato por la vía de urgencia, y el Ejecutivo estudia cómo adaptar la legislación ante el colapso de la ciudad, sin que la ministra de Migraciones, Elma Saiz, haya aclarado aún si la intención final es expulsar o acoger. El asunto se inscribe en el pulso diplomático abierto con Marruecos, que ha empleado la presión migratoria como herramienta política, y en el debate de fondo sobre hasta dónde puede llegar la UE en la externalización de sus fronteras sin vulnerar derechos.
