La Comisión Europea, con una política de “tolerancia cero” ante el fraude, ya ha solicitado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que investigue a fondo si las comisiones desembolsadas en la compra de mascarillas durante la pandemia —supuestamente vinculadas a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos— se sufragaron con fondos FEDER y del Fondo de Solidaridad.
El Parlamento Europeo expresó hace meses su “gran preocupación” por el presunto uso indebido de más de 17 millones de euros, y aprobó una enmienda reclamando una auditoría independiente y el refuerzo de los controles, especialmente en situaciones de emergencia como las vividas en 2020. En paralelo, la Fiscalía Europea (EPPO) ya ha asumido parte de la investigación tras recibir contratos firmados por comunidades como Canarias y Baleares, financiados con dinero europeo, y relacionados con comisiones sospechosas por valor de 15,3 millones.
Esta actuación de Bruselas no solo implica una vigilancia estrecha, sino que puede derivar en consecuencias concretas: la Comisión puede ordenar la devolución de fondos indebidamente empleadas, exigir responsabilidades a las autoridades españolas, y si se detecta un fallo estructural en los mecanismos nacionales de control, incluso llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Bruselas saldrá del papel de espectador si se confirma que parte de esos fondos terminó en bolsillos privados. La incógnita ahora es doble: saber si España puede demostrar que los recursos fueron gestionados correctamente, y si habrá lecciones institucionales para reforzar la transparencia en la distribución de ayudas comunitarias. Para muchos en Europa, el caso deja en entredicho no sólo a los implicados, sino la garantía de que el bolsillo de los contribuyentes esté bien protegido.
