La bandera de Brasil ondea desde este fin de semana en la embajada de México en Lima. El Gobierno brasileño ha asumido formalmente la representación de los intereses mexicanos en suelo peruano, dos meses después de que el Ejecutivo de Dina Boluarte rompiera relaciones con la administración de Claudia Sheinbaum. El detonante fue el asilo político concedido por México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, condenada por la justicia de su país a más de 11 años de prisión por su implicación en el fallido autogolpe de Pedro Castillo.
La transferencia de funciones, confirmada por la Cancillería peruana, sitúa a Brasilia como el puente diplomático necesario entre dos países que han cortado todo vínculo directo. No es la primera vez que el Gobierno de Lula da Silva asume este papel de guardián, ya que también gestiona los intereses de Venezuela en la capital peruana tras otra ruptura similar. Sin embargo, este encargo se limita estrictamente a la protección de la sede y asuntos diplomáticos, dejando fuera las tareas consulares y económicas, lo que augura un periodo de parálisis administrativa para los ciudadanos afectados por el conflicto.
El punto de máxima fricción sigue siendo la presencia de Betssy Chávez en la embajada mexicana, que permanece bajo una discreta pero constante vigilancia de la Policía Nacional del Perú para evitar cualquier intento de fuga. El Gobierno peruano ha calificado el asilo como una injerencia intolerable, argumentando que Chávez no es una perseguida política, sino una delincuente común sentenciada por el delito de rebelión. Por su parte, México se mantiene firme en su tradición de asilo, alegando razones humanitarias y el derecho soberano del Estado asilante a calificar la naturaleza de los delitos.
La situación se encuentra en un punto muerto jurídico. México espera que Perú otorgue el salvoconducto necesario para que Chávez pueda abandonar el país. El Congreso peruano ha respondido declarando persona non grata a la presidenta mexicana.
Con la entrada de Brasil como intermediario, se busca rebajar la tensión de un conflicto que ha dejado la relación bilateral en su nivel más bajo de la historia reciente, aunque nada indica que la entrega del salvoconducto vaya a producirse de forma inminente ante la firmeza de las autoridades andinas.
