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En medio de una creciente tensión institucional, el ministro Félix Bolaños ha optado por el formato epistolar para justificar una de las reformas judiciales más polémicas del Gobierno. Bajo el título de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal, el Ejecutivo pretende ejecutar lo que define como una modernización profunda del sistema judicial, aunque desde dentro de la propia judicatura se alzan voces que la ven más bien como una amenaza al equilibrio democrático.
La respuesta del ministro, dirigida a las principales asociaciones de jueces y fiscales, llega tras un aluvión de críticas por parte de estos colectivos. En un comunicado conjunto, calificaron la reforma como un atentado contra la independencia judicial, aludiendo a una supuesta intención de politizar aún más la carrera profesional dentro de la magistratura. Para ellos, el texto legal abre la puerta a nombramientos condicionados por afinidades políticas y limita la participación democrática en órganos clave del Poder Judicial.
Lejos de calmar los ánimos, la carta de Bolaños —repleta de apelaciones al progreso y a la justicia del siglo XXI— insiste en presentar la reforma como la primera gran transformación del sistema judicial en cuatro décadas. Asegura que la iniciativa no es fruto de una agenda partidista, sino resultado de un proceso acumulado por gobiernos de distinto signo. Sin embargo, el Ejecutivo ni siquiera esperó el informe del Consejo Fiscal antes de aprobar la propuesta en Consejo de Ministros, lo que alimenta aún más las sospechas sobre las verdaderas intenciones de la reforma.
A esto se suma el malestar expresado por el Consejo General del Poder Judicial, que emitió un informe crítico con varios puntos del proyecto. El Gobierno, por su parte, defiende que no hubo solicitud de prórroga por parte del órgano fiscal, lo que justificaría su decisión de seguir adelante sin ese dictamen. Una explicación que, en todo caso, deja entrever una voluntad más ejecutiva que dialogante.
Mientras tanto, la carta invita a los críticos a integrarse en el proceso legislativo, pero evita responder directamente a los temores sobre la independencia judicial. La pregunta que flota en el aire es si se trata de una modernización necesaria o de una maniobra de control institucional encubierta bajo el ropaje del progreso.
