Beatriz Biedma ha dado un paso más en su ofensiva judicial. La jueza que instruyó el caso contra David Sánchez ha comunicado a la Audiencia Nacional que dispone de testigos capaces de declarar sobre los supuestos contactos que la red atribuida a la exmilitante socialista Leire Díez habría tejido con un clan de Badajoz para presionarla, y ha acompañado esa afirmación con pruebas documentales.
La magistrada movió ficha justo después de que el instructor del caso, Santiago Pedraz, la aceptara como acusación particular, aunque con un alcance que no la satisface: solo la admitió como víctima de unas posibles calumnias, no del presunto encargo para amedrentarla. Biedma ha recurrido esa decisión y exige que se indague también esa segunda vía.
En su escrito, la jueza justifica por qué guardó hasta ahora la identidad de quienes la respaldan. Dice haberlo hecho para no comprometer sus futuras declaraciones, y ahora pide expresamente que se les proteja de lo que llama injerencias externas, ante el temor de que puedan sufrir represalias o presiones antes de comparecer.
Todo gira en torno a una nota manuscrita del 25 de marzo de 2025, localizada en las agendas de Díez que analiza la UCO. La referencia a «La Celsa» apunta, según Biedma, a las causas que ella dirigía contra el narcotráfico en Badajoz, y de ahí su sospecha: que alguien del entramado buscó a gente de uno de esos clanes para actuar en su contra mientras ella tenía entre manos la investigación sobre el hermano del presidente, que acabó con una condena de nueve años de inhabilitación.
La jueza sitúa esas maniobras en el momento de mayor tensión de aquel procedimiento y señala al exmagistrado Sáenz de Tejada, presunto colaborador de Díez, como quien habría arreciado en los ataques públicos contra ella a través de un canal de YouTube cuyos vídeos, sostiene, se difundieron para darle mayor eco.
Pedraz, por ahora, no comparte esa lectura. Amparándose en el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha descartado abrir esa línea al entender que no puede investigarse cada anotación de las agendas de Díez sin indicios sólidos que la sostengan. Biedma declarará como perjudicada el 8 de octubre.
La instrucción que lleva Pedraz trata de aclarar si esa red, próxima al entorno de Díez y al PSOE, operó para reventar causas judiciales molestas para el partido y para la familia del presidente. Ninguno de los investigados ha sido condenado, y lo que Biedma denuncia tendrá que sostenerse con pruebas a medida que avance el procedimiento.
