Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acudirá hoy lunes a las seis de la tarde al juzgado para someterse a la audiencia preliminar convocada por el juez Juan Carlos Peinado, el trámite con el que se pone fin a la instrucción del caso antes de remitirlo a la Audiencia Provincial de Madrid para su enjuiciamiento con jurado popular.
Junto a ella están citados personalmente su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos acusados de la causa. El juez les imputa presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
La audiencia no es un mero trámite. Peinado ordenó la comparecencia personal de los tres porque la gravedad de las penas a las que se enfrentan podría, a su juicio, provocar alguna conducta tendente a eludir la acción de la justicia. Por ese motivo advirtió que, de no presentarse, podrían ser conducidos al juzgado por la fuerza pública. La acusación popular ha solicitado penas de hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez, e introduce el agravante de haberse prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno.
La vista llega después de varias semanas de pulso procesal. Peinado fijó originalmente la audiencia para el 9 de junio, pero la aplazó al 15 tras los recursos presentados por el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, que alegó un conflicto de agenda y acusó al juez de actuar con una velocidad incompatible con las garantías de un proceso penal en un Estado democrático.
La defensa de Gómez ha sostenido en todo momento que los hechos investigados no son constitutivos de delito alguno y ha pedido la absolución en caso de que se abra el juicio. La Fiscalía, por su parte, se ha pronunciado a favor del archivo de la causa.
Los hechos investigados giran en torno a la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, al programa informático registrado a su nombre y a las labores que realizaba su asesora en La Moncloa. La Complutense reclama además a Gómez 113.000 euros por la presunta apropiación indebida de ese programa.
