Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha dado un giro a su estrategia de defensa de cara al juicio con jurado popular que afrontará por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La investigada ha sustituido al exministro socialista Antonio Camacho por el penalista mallorquín Jaime Campaner, según confirmaron fuentes de Moncloa. El relevo ya ha sido comunicado formalmente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Según esas fuentes, la sustitución se ha producido de común acuerdo y con expresiones de «gratitud» hacia Camacho por su trabajo durante estos años. El cambio marca un giro en el perfil de la defensa: mientras Camacho es un histórico dirigente del PSOE que fue ministro del Interior con Zapatero, Campaner es un abogado marcadamente técnico e independiente, alejado de la imagen de letrado del partido, que ha trabajado con políticos de distintas formaciones.
Campaner, de 43 años, es socio director de Campaner Law, profesor universitario y doctor en Derecho Procesal. Se licenció en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares como número uno de su promoción, con premio extraordinario de licenciatura, cursó un máster en Derecho Penal Económico Internacional en Granada y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid, también con premio extraordinario. Ha realizado estancias de investigación en la Queen Mary University of London y en el Instituto Max Planck de Friburgo, en Alemania.
Con más de 700 casos a sus espaldas, el penalista mallorquín está especializado en procedimientos complejos de delitos económicos, blanqueo de capitales, fraude fiscal, delitos societarios y extradiciones internacionales. Entre sus asuntos de mayor repercusión figura la defensa de uno de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en el juicio por el patrimonio familiar en el extranjero, pendiente de sentencia tras 38 sesiones, y la del futbolista Rafa Mir en un procedimiento por presunta agresión sexual que se saldó con condena en primera instancia.
El cambio de defensa llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara que Gómez será juzgada con jurado popular, previsiblemente en la primavera de 2027. En un escrito remitido al juzgado, la esposa del presidente ha solicitado una ampliación de diez días hábiles para formular el escrito de conclusiones provisionales, alegando que su nuevo letrado necesita «tiempo suficiente para instruirse y ejercer una defensa eficaz».
