El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a la oferta pública de adquisición (OPA) planteada por BBVA sobre Banco Sabadell, pero imponiendo una cláusula clave: ambas entidades deberán mantener su personalidad jurídica, patrimonio y autonomía operativa durante al menos tres años —con opción de prórroga por dos años adicionales— antes de poder fusionarse definitivamente. Esta condición, motivada por la necesidad de preservar el interés general —protección del empleo, cohesión territorial, regulación sectorial, y continuidad de sucursales y servicios financieros— ha abierto un complejo debate sobre la viabilidad real de la operación.
Desde BBVA, el presidente Carlos Torres ya ha advertido que el plazo obligatorio de autonomía podría obligarles a recurrir a vías legales si consideran que estas condiciones suponen un «veto de facto» a la OPA. Aunque un directivo de la entidad apuntó a la prensa que el banco podría incluso retirar su oferta en caso de que los requisitos resulten demasiado gravosos o impidan gestionar activos como la filial británica TSB. En el entorno regulador, las autoridades europeas han intervenido: la Comisión Europea ha manifestado que “no ve razones” para que el Gobierno imponga restricciones que bloqueen la operación, y subraya que cualquier limitación debe ser excepcional y proporcionada.
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha criticado el prolongado plazo de la OPA, calificándolo de “excesivo” y abogando por una revisión normativa que permita agilizar este tipo de procesos, para que las entidades no pierdan foco en su actividad principal. Paralelamente, expertos y analistas alertan de que imponer una moratoria de separación durante años frenaría las sinergias previstas —que BBVA calcula entre 800 y 850 millones de euros anuales— aunque no necesariamente frustraría por completo la unión.
En la oficina del Banco Sabadell, la dirección liderada por César González‑Bueno y Josep Oliu ha sostenido que la OPA “no tiene sentido” al precio actual y que la entidad está en buena posición para mantenerse independiente. Desde Sabadell también se plantean alternativas como la venta de TSB —en negociaciones activas con entidades como Barclays y Santander UK— y posibles fusiones con bancos medianos españoles.
Este episodio culminó tras una intensa revisión regulatoria: la CNMC dio luz verde previo a las condiciones, el BCE avaló la operación en septiembre, y el FMI respaldó los criterios de competencia, aunque subrayó que cualquier permiso gubernamental debería centrarse en la estabilidad financiera, no en aspectos generales.
En definitiva, BBVA se encuentra evaluando ahora si seguir adelante, presentar una OPA revisada o retirar su oferta en función del impacto económico, legal y reputacional que estas restricciones puedan tener. El desenlace dependerá de su análisis interno, la respuesta oficial del Gobierno y la presión de los accionistas de Sabadell.
