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El Congreso de los Diputados inauguró el nuevo curso político con un pleno cargado de tensión, marcado por un duro intercambio de reproches entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En una sesión que dejó claras las profundas diferencias entre el Ejecutivo y la oposición, los temas de corrupción, inmigración, financiación autonómica y la crisis en Gaza dominaron el debate, evidenciando un clima político polarizado.
Feijóo abrió el fuego acusando a Sánchez de actuar movido por el «miedo» a los casos de corrupción que, según él, rodean al Gobierno. El líder popular señaló a La Moncloa como un «centro de negocios» y criticó la falta de ejemplaridad del Ejecutivo, haciendo referencia a las investigaciones judiciales que afectan a la esposa del presidente. «La corrupción no se ha ido porque usted sigue aquí», sentenció Feijóo, quien también reprochó a Sánchez su respaldo a un fiscal general cuestionado y su supuesta sumisión a jueces, medios y socios políticos.
Sánchez respondió con firmeza, asegurando que su Gobierno no caerá en las «provocaciones» de la oposición. «Exigimos una política limpia, y este es un Gobierno limpio», afirmó, defendiendo la gestión de su Ejecutivo. Además, el presidente situó a su Gobierno «en el lado correcto de la historia», destacando su condena al «genocidio» en Gaza y retando a Feijóo a reconocer la gravedad de la situación en la región.
El líder de Vox, Santiago Abascal, intensificó la confrontación al acusar al Gobierno de destinar recursos públicos a «promover la inmigración ilegal», afirmando que esto genera «inseguridad y miedo» entre la población, especialmente entre las mujeres. Abascal fue más allá, tildando a Sánchez de «corrupto, traidor e indecente» y asegurando que esta es la percepción mayoritaria de los españoles.
Sánchez replicó desmontando las afirmaciones de Vox con datos: «El 94% de los inmigrantes en España han llegado por vías legales en los últimos diez años». El presidente defendió una política migratoria que, según él, responde al reto demográfico del país, planteando una disyuntiva clara: «Podemos ser prósperos y abiertos o pobres y cerrados».
Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, instó al Gobierno a actuar con celeridad en temas clave como la financiación autonómica y la crisis de la vivienda. Aunque reconoció avances, como la crítica a jueces que «hacen política» o el reconocimiento del conflicto en Gaza, Rufián subrayó que el Ejecutivo debe cumplir sin demora los acuerdos de investidura. Sánchez aseguró que su prioridad es precisamente honrar dichos compromisos para avanzar en la legislatura.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la propuesta del Gobierno de condonar 83.252 millones de euros de deuda autonómica, una medida que beneficia especialmente a comunidades gobernadas por el PP. Montero acusó a los líderes autonómicos populares de rechazar la iniciativa por seguir órdenes de la dirección nacional del partido, traicionando así los intereses de los ciudadanos. En respuesta, el PP, a través de su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, criticó que la fórmula no reduce directamente la deuda de los ciudadanos y limita la autonomía financiera de las regiones.
El conflicto en Gaza también protagonizó el debate. El portavoz de Exteriores del PP, Carlos Floriano, acusó al Gobierno de usar la crisis para «arrancar votos» y cuestionó su política exterior, alegando que deja «colgados» a los aliados europeos. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió la postura humanitaria del Ejecutivo y acusó al PP de falta de empatía hacia las víctimas. «El silencio y la indiferencia son cómplices», afirmó Albares, instando a los populares a mostrar «sentido de Estado» y «corazón» ante la tragedia.
El primer pleno del curso político ha dejado claro que la polarización seguirá marcando la agenda en el Congreso. Con acusaciones cruzadas de corrupción, posturas enfrentadas sobre inmigración y la financiación autonómica, y un debate internacional cargado de reproches, el Gobierno y la oposición se preparan para una legislatura intensa. Mientras Sánchez defiende la legitimidad de su Ejecutivo y su apuesta por políticas progresistas, PP y Vox buscan capitalizar el descontento social para desgastar al Gobierno. El camino hacia el próximo pleno promete más confrontación.
