Anaga lleva años soportando una contradicción que, en Tenerife, ya suena a patrón, cuanto más se promociona un espacio natural como emblema, más se degrada su vida cotidiana.
Los vecinos no protestan por capricho. Protestan porque el Macizo se ha convertido en un embudo de coches, guaguas, excursiones y aparcamientos improvisados que colonizan cunetas, entradas de casas y cruces sin visibilidad. Y, sobre todo, porque sienten que la respuesta institucional llega tarde, a trompicones, y con demasiada estética de “plan” y poca eficacia real.
El malestar vecinal no es nuevo, pero en los últimos meses ha cristalizado en quejas por la falta de soluciones tangibles y de plazos claros para un plan de movilidad que se anuncia, se revisa y se “trabaja”, mientras el problema sigue ahí cada fin de semana.
En paralelo, el Cabildo ha impulsado herramientas de control —conteo y clasificación de vehículos, paneles informativos y dispositivos móviles para estudios de movilidad— con el objetivo explícito de tomar decisiones con datos y ordenar los flujos.
El enfoque técnico existe. Lo que se discute en el territorio es si la técnica, sin medidas que se noten en la carretera, sirve para algo más que para justificar que “se está haciendo”.
Comparaciones
La comparación con el Teide y Masca es inevitable porque, a diferencia de Anaga, allí sí se ha pasado de la diagnosis a la restricción.
En el Teide, el Cabildo ha activado desde enero un sistema de cupos y tarifas para acceder a los senderos más sensibles (Telesforo Bravo y Montaña Blanca–La Rambleta), ligado a reservas digitales, reglas estrictas y refuerzo de vigilancia.
Es una decisión polémica —por el modelo, por los precios según residencia y por la rigidez de las reservas—, pero tiene un efecto inmediato: reduce el “todo vale” y corta prácticas como la reserva gratuita que bloqueaba plazas sin uso.
Masca, por su parte, se ha convertido en el laboratorio más duro de regulación turística en Tenerife: acceso condicionado, reserva obligatoria y un modelo de gestión donde el transporte y el control de entrada forman parte del propio “ticket” de visita.
Además, el Cabildo ha venido aprobando restricciones a guaguas y rutas para aliviar el colapso en zonas sensibles tanto en Anaga como en Teno/Masca.
¿Por qué en Anaga el conflicto sigue más vivo?
Porque la masificación en Anaga no se vive como una excursión puntual; se vive como una ocupación constante del territorio habitado.
El Teide tiene un eje turístico claro (teleférico, cumbre, aparcamientos, carreteras principales). Masca tiene un “camino” y un cuello de botella evidente.
Anaga, en cambio, es una red de caseríos, carreteras estrechas y miradores dispersos: el visitante entra por muchos puntos, se detiene donde puede y convierte cada recodo en un aparcamiento “temporal” que termina siendo permanente.
Tenerife ha empezado a regular, sí, pero con un sesgo. Se regula mejor lo que es fácil de convertir en producto (un sendero con cupo, un barranco con ticket, una subida con reserva).
En Anaga, donde lo que está en juego es la convivencia diaria y la accesibilidad de la población residente, la regulación es más difícil y políticamente más ingrata.
¿Por qué? Porque implica cortar accesos, limitar estacionamientos de verdad, poner sanciones, rediseñar rutas, crear lanzaderas funcionales y asumir el coste social del “no se puede”.
Los vecinos de Anaga no están pidiendo un eslogan de sostenibilidad. Están pidiendo algo más básico, que su casa deje de ser el parking del fin de semana.
Si el Teide y Masca han demostrado que, cuando se quiere, se restringe, Anaga está pidiendo lo mismo, pero con una prioridad distinta: no solo conservar paisaje, sino proteger la vida cotidiana dentro del paisaje.
