El discurso de Pilar Alegría en la comisión del Senado sobre el caso Koldo deja más preguntas que certezas. Mientras niega rotundamente cualquier irregularidad, desafía a la oposición con una escenografía que oscila entre la indignación y la victimización.
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha acudido este miércoles al Senado, no tanto para ofrecer respuestas como para blindarse frente a la creciente presión política por el caso Koldo. Lo ha hecho con una afirmación tajante: “No sucedió nada” en el Parador de Teruel. Ninguna fiesta, ningún escándalo. Pero la contundencia no siempre despeja la duda; a veces la refuerza.
Alegría ha centrado su intervención en desacreditar las denuncias públicas sobre una supuesta fiesta organizada por el entorno de José Luis Ábalos, desafiando a los senadores a citar a los trabajadores del establecimiento que relataron incidentes y daños. Más que una defensa basada en hechos contrastados, su estrategia ha parecido girar en torno a una lógica inversa: si no hay pruebas judiciales, no hay caso. Pero ¿es esa una vara de medir suficiente cuando se trata de responsabilidades políticas?
Con tono irónico, ha llegado a plantear: “¿Alguien cree que un autobús de neones con prostitutas puede atravesar media España sin que nadie lo note?”, una frase que busca ser demoledora pero que roza el efectismo y deja fuera la posibilidad de actos menos estridentes pero igualmente reprobables. Alegría ha aportado facturas y descripciones de la noche —horas de llegada, nombres del personal presente, números de habitación— como si la logística bastara para exonerar moralmente a todo el entorno.
Durante la comparecencia, la ministra también ha arremetido contra el PP, Ok Diario y hasta contra mensajes ofensivos que, asegura, provienen de miembros del principal partido de la oposición. En un giro emocional, se ha presentado como víctima de una campaña de “matonismo político”, declarando que “esto no va de política, va de humanidad”.
Sin embargo, su intervención ha eludido abordar una cuestión central: ¿cómo puede un Gobierno que presume de transparencia gestionar las sospechas con negaciones absolutas en lugar de investigaciones abiertas y diligentes?
La polémica no se circunscribe solo a lo ocurrido —o no— en Teruel, sino a un patrón en el que las filtraciones, las contradicciones internas y las pugnas partidistas convierten cualquier intento de esclarecer los hechos en un lodazal. Alegría, al igual que otros miembros del Ejecutivo en situaciones similares, ha optado por el contraataque directo, mezclando argumentos legales con descalificaciones políticas.
Por ahora, seguimos sin saber qué ocurrió realmente en ese Parador. Lo que sí sabemos es que la política española se ha instalado en el ruido, donde la verdad parece menos importante que la narrativa.
