Canarias vuelve a entrar en la lista negra de la AIReF. La institución independiente de responsabilidad fiscal confirma que las cuentas aprobadas para 2026 no cumplen la regla de gasto —es la tercera vez consecutiva— y obliga al Ejecutivo autonómico a presentar un plan de ajuste que supone, de golpe, 445 millones menos de margen presupuestario. El impacto no es abstracto: se traduce en menos capacidad para sanidad, educación, vivienda o dependencia.
Los números son los que son. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó el informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las comunidades autónomas para 2026 y Canarias salió mal parada: el gasto computable previsto crecerá un 5,3%, casi dos puntos por encima del límite autorizado, que es del 3,5%. La media de las 17 comunidades se sitúa en el 4,9%. Canarias está por encima incluso de esa media.
No es un susto puntual. Es el tercer incumplimiento consecutivo. El de 2024 ya está confirmado por el Ministerio. El de 2025 está pendiente de confirmación, pero la AIReF lo da por hecho. Y el de 2026, que es el que acaba de certificarse, se suma a la lista. La consecuencia inmediata —que el Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular conoce desde hace meses— es la obligación de elaborar un Plan de Ajuste. Ese plan, derivado del incumplimiento de 2024, ya está en marcha y supondrá una reducción del margen de gasto de 445 millones de euros en 2026.
¿Qué significa recortar 445 millones en un presupuesto autonómico? Significa que cualquier partida que no esté blindada por convenio o por ley estatal entra en riesgo. Significa menos aire para contratar personal sanitario, menos aire para abrir plazas educativas, menos aire para pagar conciertos con residencias sociosanitarias o para desatascar ayudas a la dependencia. El propio Gobierno canario, por boca de su Consejería de Hacienda, sostiene que las previsiones de la AIReF empujarán a un «incumplimiento generalizado» de las reglas fiscales en todas las comunidades y que el marco es injusto. Puede serlo. Pero la contabilidad no se discute: el gasto crece más rápido que lo autorizado, y el plan de ajuste ya está firmado.
El escenario que abre la AIReF no es de un año. Proyecta incumplimiento hasta 2028. Es decir, esto no se arregla con un apretón. O se recorta en serio, o se ingresa más —algo poco compatible con una economía que crece menos de lo esperado—, o se entra en un bucle de planes de ajuste que se superponen. Mientras tanto, los dos grandes pendientes estructurales del archipiélago —sanidad y vivienda— siguen comiéndose presupuesto a doble ritmo.
El problema no es que haya que cumplir reglas europeas. El problema es que llevamos tres años incumpliéndolas, y que el precio lo acaban pagando los servicios públicos. La pregunta que nadie quiere contestar en Presidencia ni en Hacienda es sencilla: cuando toque recortar los 445 millones, ¿de dónde salen? Porque de algún sitio van a salir.
