El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros para estabilizar el empleo temporal en las carreras judicial y fiscal no es una medida técnica. Es una maniobra política. Detrás del lenguaje neutro y administrativo con el que se presenta esta reforma —“proceso extraordinario de estabilización”, “juristas de reconocida competencia”, “igualdad de oportunidades”— se oculta un profundo cambio en las reglas del juego democrático. Uno que afecta directamente a la separación de poderes, a la neutralidad institucional y a la confianza del ciudadano en el sistema judicial.
No es una reforma. Es una estrategia. No estamos ante una mejora técnica del sistema de acceso a la carrera judicial. Estamos ante un nuevo capítulo —y ya van unos cuantos— en el plan meticuloso del Gobierno por ocupar todos los espacios del Estado que, por diseño constitucional, deberían estar fuera de su alcance. El Poder Judicial, como el legislativo o el mediático, debe ser independiente. Pero en esta España líquida, parece que la única independencia tolerada es la del wi-fi, por ahora, que todo llega.
El nuevo sistema permitiría que más de mil jueces sustitutos –bien por ellos– accedan a plazas permanentes, es decir, a la carrera judicial, sin necesidad de oposición, mediante una mera entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Se trata de una alteración frontal de los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad. Y de un peligroso precedente para la independencia judicial. Esperando estoy que diga algo el Consejo General del Poder Judicial.
Esta medida llega en un contexto de creciente malestar entre jueces y fiscales ante los intentos del Ejecutivo por condicionar la arquitectura institucional, pues es lo que le queda por colonizar, el Poder Judicial. Está sobre la mesa y siguiendo los tramites legislativos el limitar la acusación popular, modificar los criterios de recusación para apartar a magistrados que opinen sobre cuestiones públicas e impedir la financiación privada de asociaciones judiciales. Y ahora, con esta nueva idea que nos muestra Bolaños, el mensaje es mucho más claro: premiar la afinidad, castigar la disidencia y debilitar cualquier voz crítica o sentencia que no les guste, a ellos o a los que vengan, si es que hay cambio algún día.
Todo ello se presenta bajo el disfraz de una democratización de la Justicia. Pero democratizar no es repartir cargos con criterios políticos, para sus amiguetes –como ocurre en todos lados– ni relajar los filtros de acceso a una de las funciones más delicadas del Estado. Democratizar es garantizar que quienes juzgan lo hagan con independencia, formación y lealtad exclusiva a la ley. Lo contrario, como se pretende ahora, es politizar el Poder Judicial por la vía del “cuarto turno”, es decir, consolidar un sistema paralelo de nombramientos a medida.
El Poder Judicial no puede convertirse en una extensión del Ejecutivo. Ni sus miembros en funcionarios de confianza. La excelencia y la neutralidad no son un privilegio de clase: son una garantía para todos, especialmente para los más vulnerables. Si el acceso a la judicatura se transforma en un proceso ideologizado, perdemos todos. Y, lo más grave, pierde la democracia.
Desde este medio, alertamos de las graves consecuencias de esta reforma. No es una cuestión corporativa. No se trata de proteger intereses profesionales, sino de defender un pilar esencial del Estado de Derecho. La independencia judicial no es negociable, ni puede estar sujeta a cuotas políticas.
El Gobierno aún está a tiempo de rectificar. De abrir un debate serio y transparente con las asociaciones profesionales y con el pueblo con los españoles y con las españolas. Pero si decide seguir adelante con este modelo, la respuesta debe ser firme. Por parte de los jueces, por parte de las instituciones, por parte de Europa… y por parte de todos los ciudadanos que no quieren vivir bajo una justicia amaestrada por su domador.
El Ejecutivo lo vende como “proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal”. Una frase de apariencia inocua, que lo que realmente esconde es un salto cualitativo en la colonización institucional. Traducido al lenguaje de la calle: se quiere meter a jueces por la puerta de atrás, sin oposición, sin temario y, lo que es peor, con la bendición de una entrevista que bien podría sustituirse por una reunión en la cafetería del Congreso o un encuentro en la verbena del barrio, con la frase de “cómo va lo mío”, porque ya han aprendido que nada de WhatsApp, que está la UCO. También irán a por ella. Tiempo al tiempo.
Esto no es una democratización, es una desnaturalización. Porque cuando se cambia el mérito por la afinidad, la excelencia por la obediencia y la neutralidad por la simpatía, lo que se construye no es un Estado moderno, sino un régimen moderno, pero al fin y al cabo régimen. El cuarto turno no puede convertirse en el primer filtro ideológico.
Y no es casual. Esta ofensiva llega justo cuando las asociaciones judiciales se han mostrado críticas con Sánchez. Y justo cuando se quiere eliminar la acusación popular y ampliar los supuestos de recusación para apartar a jueces “incómodos”. Todo encaja demasiado bien para ser casualidad y demasiado mal para ser constitucional. Pero ese Tribunal ya está colonizado, así que no es problema.
A esto se suma el intento de asfixiar económicamente a las asociaciones judiciales prohibiendo su financiación privada. Porque no basta con nombrar jueces afines: también hay que silenciar a los que no lo son. Es el control institucional disfrazado de pluralismo, la mordaza camuflada de modernidad.
Y esta vez no se trata de una lucha gremial entre juristas. Se trata de la calidad democrática de este territorio llamado España. Si Sánchez logra politizar el acceso a la justicia y logra colocar a sus amiguetes afines como jueces, ¿qué queda? ¿A quién acudiremos cuando seamos atropellados por el poder, si el poder ya ha nombrado a quien debe juzgarte?
¿Qué dice de esta maniobra el Consejo General del Poder Judicial? Los estudiantes…las universidades, los opositores, los que ya son Jueces, los colegios profesionales, las instituciones europeas. Hay que dejar claro que no hay democracia sin jueces independientes. Y que cuando la justicia empieza a funcionar como una sucursal de Sánchez, ya no existirá separación de poderes, sino de dominación absoluta. Entran los comisarios políticos con toga de jueces. Los juristas de confianza. Exentos de rigor, de imparcialidad y de más cosas que iremos viendo. Esto no es estabilización es la colonización de lo único independiente que nos queda.
