Hay quien todavía cree que el aforamiento es una figura jurídica diseñada para proteger a los cargos públicos de denuncias frívolas. Pobres ingenuos. En España, el aforamiento ha evolucionado. Ahora es un salvoconducto de lujo, un comodín procesal, y en algunos casos —como el de Miguel Ángel Gallardo— una puerta giratoria que da directamente al Tribunal Superior de Justicia, porque a él no le toca el Supremo, previa salida urgente y corriendo de la justicia ordinaria. La que le tocaría a usted o a mí.
La jugada es fina: Gallardo deja la Diputación de Badajoz y, por arte de birlibirloque parlamentario, pasa a ser diputado autonómico en Extremadura. ¿Por convicción política? No lo sé. Mas bien intuyo un “cague repentino” por la que se le venía encima. Porque, como todos sabemos, cuando uno es inocente y quiere aclararlo, lo lógico es cambiar de jueces o juezas. Ahora lo que cambia es el órgano que lo debe sentenciar, pues la instrucción ya terminó – eso dijo la jueza instructora– justo un día después de la jugada de este político extremeño. Cosas que pasan, que pueden pasar y además son legítimas ¿O no?
Que se retiren cuatro o cinco diputados o diputadas autonómicos para dejarle hueco ya no es un escándalo, es una performance institucional. Una coreografía de la impunidad. Esto es, un fraude de ley. Un uso torticero —¡otra vez!— de una institución que nació para garantizar independencia y ha acabado garantizando impunidad, o al menos en apariencia.
Aquí nadie da explicaciones, nadie se sonroja. Te lo tragas y listo. Y si discrepas eres ultra. En fin. Porque el fuero, en este país, es un privilegio del que disfrutan algunos por razón de su cargo; es un refugio. Y los que deberían levantar la voz —pongamos por caso, el Tribunal Constitucional— siguen entretenidos en sus deliberaciones infinitas, mientras el sistema se descose por las costuras del cinismo.
Gallardo no es un caso aislado. Es solo el más reciente en apuntarse a la tradición nacional del “quítame ese juez”. La diferencia es que lo hace con la naturalidad de quien sabe que no pasará nada. Porque aquí los escándalos se tapan con un nombramiento y las responsabilidades, con una credencial parlamentaria.
Algún día nos tomaremos en serio lo del aforamiento. Algún día diremos que el fuero no puede ser un atajo para burlar a la Justicia. Pero no será hoy, claro. Hoy toca aplaudir la astucia política del que se sabe más listo que el sistema. Y que, además, tiene amiguetes que le guardan el escaño.
Resulta que el aforamiento ya no es una figura jurídica: es una costumbre nacional. Como las procesiones, el chiringuito o la tertulia con gritos y voces. Su propósito, era proteger funciones institucionales de ataques injustos. Pero lo cierto es que se ha convertido en una alfombra roja judicial para más muchos españoles y españolas.
Diputados, senadores, consejeros, vocales del CGPJ, defensores del pueblo (¡incluso los adjuntos!), fiscales generales. Todos con su salvoconducto para que, si alguna vez hay que responder ante un juez ordinario, ese juez no sea el de guardia, sino el que les toque en el Olimpo judicial de los aforados.
Y lo mejor: si hay más investigados en la causa, también suben al órgano de aforamiento. Esto es, al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia, aunque no tengan ni fuero ni fortuna.
Y mientras aquí acumulamos aforados como cromos, en países de nuestro entorno (esos que nos gusta citar para todo menos para esto) apenas se cuentan con los dedos. Alemania: cero. Francia: tres. Portugal: uno. España: diez y muchos miles. Y es que la figura del aforado era para protegerse de la “venganza política”. Como si los jueces de instrucción fueran un grupo de exaltados con toga, en vez de altos funcionarios independientes que actúan con base en indicios. En verdad les digo, que lo que molesta no es la venganza, sino la posibilidad de que, alguna vez, la justicia funcione.
¿Reformarlo? Ni hablar. Sánchez aprobó en un Consejo de Ministros en el 2018, una reforma para limitar los aforamientos diciendo que había que tener altura de miras, pero ahí lo dejó, y nunca hubo reforma. Porque en este país, el aforamiento no es un escudo institucional, es un chaleco antibalas preventivo para cuando las cosas se tuercen. Y claro, cuando el privilegio beneficia a los que deben legislar sobre él, la reforma siempre puede esperar.
